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Reportaje:

El orgullo sordo

El Parlamento aprueba por unanimidad el reconocimiento de la lengua de signos

Por fin, la lengua de signos. Después de décadas "de esfuerzo y frustración", la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) recibió ayer con júbilo la aprobación por las Cortes, en votación unánime del Senado, de la lengua natural de las personas sordas. "No es el remedio inmediato para siglos de discriminación, pero sí una potente herramienta para derribar muchas de las barreras de comunicación existentes", dijo su presidente, Luis J. Cañón.

El orgullo sordo, como se conoció en EE UU, hace algo más de 50 años, el movimiento en favor de "la soberanía existencial" de las personas sordas -y de otros muchos colectivos marginados-, se basó en investigaciones lingüísticas que demostraban que la lengua de signos posee todas las características propias de las lenguas y la misma funcionalidad para pensar, comunicar y manejar conceptos. Pero la lengua de signos no es universal. Cada país posee su propio idioma. En España se utiliza la Lengua de Signos Española (LSE) y, en Cataluña, la Lengua de Signos Catalana (LSC). La razón es que las distintas comunidades de personas sordas, como sucede con las lenguas orales, han establecido signos propios para designar los distintos conceptos, así como estructuras gramaticales singulares.

La lengua de signos ha sido un idioma proscrito muchas veces en España. Las personas sordas se educaban en escuelas donde se les prohibía usarla y, en la vida diaria, tenían que superar todo tipo de obstáculos, incluso los que habían triunfado en la sociedad. Un ejemplo es lo que le sucedió al mejor deportista sordo español, Javier Soto (Hondarribia, Guipúzcoa, 1977), licenciado universitario y varias veces campeón del mundo y de Europa incluso en pruebas para oyentes. En una carrera oficial de 400 metros, los jueces dieron salida falsa, pero Soto no pudo darse cuenta de la indicación que mandaba parar. Estuvo corriendo por su calle 200 metros, perseguido por los jueces para avisarle de que salida había sido nula. "Podéis imaginar, todo el mundo se reía del espectáculo que protagonicé", cuenta. Hace décadas que otros países europeos resolvieron ese tipo de situaciones con leyes y tecnología adecuadas.

La ley aprobada ayer trata de evitar discriminaciones mucho peores. "Ahora deben caer los obstáculos que nos han impedido acceder a la educación, a la sanidad, al conocimiento, a la justicia, a tantos ámbitos a los que cualquier persona oyente accede sin dificultad. Empezamos a estar más cerca de ser iguales", dice Luis J. Cañón. Para ello reclama "una asignación suficiente en los Presupuestos del Estado para 2008". "El derecho de las personas sordas a disfrutar de servicios y recursos que hasta ahora no estaban garantizados exige contar con los medios necesarios. Sería lamentable tener que seguir esperando por falta de recursos", advierte el presidente de la CNSE. Ayer acudió al Senado acompañado de un centenar de personas, sentadas en la tribuna de invitados, miembros, todas ellas, de asociaciones de afectados. Tras la votación, los senadores se pudieron en pie y les aplaudieron.

En España hay un millón de sordos, de los que 7.000 son menores de 6 años. 400.000 personas usan la lengua de signos y hay 500 intérpretes acreditados, que realizan 40.000 servicios anuales en centros de enseñanza, hospitales, comisarías, juzgados o espacios culturales. En muchos países europeos, hay un intérprete por cada diez personas sordas; en España, uno por cada 221.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de octubre de 2007