Infame extorsión
El contenido de las grabaciones en las que un mediador de la promotora Construcuatro, de la que es consejero Telmo Martín, presidente del Partido Popular de Pontevedra, exige a un solicitante de una vivienda protegida una comisión de 20.400 euros en dinero negro debería bastar para que el PP aplicase una norma elemental de higiene política y destituyese al citado Martín de sus responsabilidades en el partido. Al menos hasta que los tribunales decidan sobre su inocencia o culpabilidad. Sin embargo, es muy poco probable que una medida tan elemental se aplique porque, como es bien sabido, el PP sostiene una doctrina equívoca, que confunde la responsabilidad política con la civil o penal. El presidente del PP de Pontevedra será inocente o culpable en los tribunales y a esa presunción de inocencia tiene derecho; pero los ciudadanos en general y los votantes del PP en particular tienen también derecho a ser representados por personas que no son sospechosas de cometer infracción o delito alguno.
Al parecer, el PP no tiene reparos en incluir entre sus dirigentes a personas que están bajo sospecha de participar en una infame extorsión. Porque ése es exactamente el caso que revelan las cintas grabadas con la autorización de un juez de Vigo: un mediador exige de forma perentoria a uno de los compradores la entrega de una comisión de casi 21.000 euros o, en caso contrario, no habrá piso. La conversación revela nítidamente algunas formas de enriquecimiento ilícito que se han multiplicado como metástasis al calor de la burbuja inmobiliaria. Los compradores no sólo han tenido que soportar durante un decenio la subida inmisericorde del precio de la vivienda, causada por el afloramiento de dinero negro en busca de regularización, la avidez por una rentabilidad superior a la de la Bolsa o la desatada especulación del suelo, sino también la coacción en la trastienda de las compraventas ejecutadas con modales mafiosos.
La Xunta ha impuesto una multa elevada a Construcuatro y la devolución de las comisiones ilegales. Bien está, pero sigue sin corregirse el daño político. El PP mantiene en sus listas de responsables, incluso de candidatos a cargos públicos, a varios nombres de personas acusadas de prácticas corruptas. La reflexión, que vale para todos los partidos políticos, es que confundir responsabilidad legal con responsabilidad política difunde el mensaje de que en política hay barra libre para determinadas conductas ilícitas.
