Cultura espera obtener en ocho o nueve días la autorización judicial para entrar en el Pazo de Meirás

Confiada tras el aval que supuso el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre la pertinencia de inspeccionar el Pazo de Meirás, la conselleira de Cultura, Anxela Bugallo, espera ahora una pronta resolución del titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña, a quien su departamento solicitó amparo frente a la negativa de la familia Franco a abrir las puertas de su propiedad.

Bugallo espera que "en ocho o nueve días" se produzca esa "pertinente" autorización judicial para que los técnicos de Cultura entren en el emblemático edificio, regalado al dictador "en nombre del pueblo de A Coruña" cuando España seguía dividida por la guerra civil.

El alto tribunal gallego marcó "doctrina legal y explicitó que Cultura está capacitada para hacer esa inspección", subrayó la conselleira. Y recordó que el objetivo de su departamento no es otro que el de verificar el estado de conservación del pazo, inscrito desde 1991 en el inventario del Patrimonio Cultural de Galicia, así como determinar si reúne los requisitos para ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Esta figura permitiría abrir al público cuatro días al mes y reforzaría las medidas de preservación de una fortaleza construida a finales del siglo XIX por encargo de la escritora coruñesa Emilia Pardo Bazán, quien situó en este santuario literario buena parte de su obra, recordó ayer la conselleira.

El juez de A Coruña que debe resolver la autorización judicial requerida por Cultura estudia las limitaciones a la inspección que la heredera del dictador, Carmen Franco Polo, solicitó en sus alegaciones contra las pretensiones de la Xunta. Reclama ser consultada por el juez para fijar hora y fecha de la inspección y que se limite su duración. Carmen Franco pide también al juez que deniegue la entrada a un arqueologo, "para nada necesario", afirma. El pasado 30 de agosto, los Franco impidieron la inspección que pretendía realizar un equipo de la consellería, lo que les valió la apertura de un expediente sancionador, que puede desembocar en una multa de hasta 60.000 euros.