Cataluña firma un pacto para construir 160.000 viviendas sociales en 10 años

Promotores, sindicatos, colegios profesionales, asociaciones y hasta un total de 34 agentes sociales firmaron ayer el Pacto Nacional por la Vivienda, un documento impulsado por la Generalitat de Cataluña que busca consenso para atajar el problema de la vivienda por el máximo número de frentes. El pacto prevé, entre otras medidas, la construcción de 160.000 pisos sociales en 10 años y tiene un coste estimado de 8.221 millones de euros. CiU y PP no se sumaron al consenso en protesta por la Ley del Derecho a la Vivienda -en trámite- que prevé el alquiler forzoso de viviendas vacías.

El de la vivienda es uno de los cuatro pactos nacionales que el presidente de la Generalitat, José Montilla, se marcó como objetivo al inicio de la actual legislatura. Los otros tres se refieren a inmigración, investigación y desarrollo e infraestructuras. El pacto de la vivienda fue presentado públicamente el pasado mes de abril y su negociación no ha sido precisamente un camino de rosas.

Lograr el consenso no ha sido fácil por la dificultad de casar intereses a veces opuestos. En él están todos los agentes implicados en el sector inmobiliario y cada uno debe hacer deberes en su negociado, desde las cajas de ahorros hasta entidades sociales como Cáritas o las asociaciones de vecinos. Pero, sobre todo, si el consenso ha costado meses de negociaciones es porque el pacto se puso sobre la mesa cuando en ésta ya había otro controvertido fajo de papeles: la Ley del Derecho a la Vivienda, que arrastra dos años de discusión.

Esta ley contempla que la Administración, en determinados supuestos, pueda expropiar el usufructo de viviendas vacías para destinarlas al mercado de alquiler social. Una situación que los partidos de la oposición consideran intolerable. CiU y PP han vinculado las dos negociaciones y han optado no sólo por no firmar el pacto sino que han amenazado con llevar la ley ante el Consejo Consultivo. El tercer partido de la oposición, Ciutadans, tampoco votará la Ley, pero sí se sumó ayer al consenso al considerar que se trata de dos herramientas distintas.

Durante el acto de firma, celebrado en la Generalitat, José Montilla se felicitó por un documento que "da una respuesta colectiva a un problema colectivo", destacó que todos los agentes "han cedido en algún detalle" y apuntó que "en el pacto cabe todo el mundo". "Los que están aquí", dijo, "y los que por alguna razón no están", en clara referencia a la oposición. No tan diplomático estuvo el consejero de Medio Ambiente y Vivienda y jefe de cocina del pacto, Francesc Baltasar (ICV), quien, respecto a la actitud de CiU y PP, manifestó: "Son ellos quienes no están y deben explicar por qué se han desmarcado".

Desde el lado opuesto, el portavoz parlamentario de CiU, Felip Puig, empleó duras palabras para criticar el contenido de la ley en trámite. Criticó la "deriva ideológica del tripartito" y afirmó que "Montilla es rehén de la radicalidad de ICV, propia de antiguos regímenes". Con todo, Puig se mostró abierto a sumarse al pacto en el momento en el que el alquiler forzoso caiga del texto de la Ley. Por parte del PP, la diputada Àngels Olano también criticó el alquiler forzoso de pisos vacíos y calificó el pacto de "utópico", al tiempo que cuestionó "la viabilidad del proyecto".

Entre el total de agentes firmantes, una de las adhesiones más polémicas ha sido la de la Asociación de Promotores, que se sumó al consenso a cambio de ceder menos suelo urbano para construir pisos sociales. Ayer, su presidente, Enric Reyna, prometió que "si los ayuntamientos ceden suelo a buen precio", los privados levantarán 50.000 pisos protegidos al año.