La lucha contra el terrorismo

Garzón encarcela a 17 jefes de Batasuna

El juez confirma que estaban adaptando su estrategia a la fase de enfrentamiento abierta por ETA

El juez Baltasar Garzón envió ayer a prisión a 17 de los 23 dirigentes de Batasuna. Todos fueron detenidos el pasado jueves en la localidad guipuzcoana de Segura mientras participaban en una reunión orgánica de la formación ilegalizada en la que se iba a debatir la estrategia para adaptar la estructura política a los nuevos tiempos tras el fracaso de la tregua. Además, iban a designar a las personas que debían sustituirles en sus funciones dirigentes para el caso de que los titulares fueran detenidos por la policía. Entre los encarcelados figuran Joseba Permach, coordinador nacional de Batasuna y sustituto de Arnaldo Otegi; Juan José Petrikorena, portavoz de la formación; Rufi Etxeberria, coordinador para Guipúzcoa, Asier Arraiz, coordinador para Álava, o la antigua portavoz de Jarrai, Ana Lizarralde.

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El magistrado ordenó la prisión para 17 de los 18 miembros de la Mesa Nacional de Batasuna que estaban presentes en la reunión por delito de integración en banda terrorista y para ocho de ellos, que ya estaban procesados en diferentes causas en la Audiencia Nacional, además, por reiteración delictiva. Todos ellos ingresaron en la prisión madrileña de Soto del Real a primera hora de la noche.

Garzón explica en su auto que no es lo mismo reunirse para sentar las bases que permitan el fin de la violencia, que hacerlo para adaptar la estrategia de una formación ilegal a una política de enfrentamiento al servicio de una organización terrorista, como es ETA. Y Batasuna ha dejado de trabajar en favor del cese de la violencia para hacerlo dentro de las estructuras del frente de masas de la banda terrorista, coadyuvando a los fines de ETA.

La voluntad de los que componen Batasuna, dice el juez, "no es la de acabar con la violencia terrorista sino coadyuvar renovadamente a la consecución de los fines de la organización terrorista, por medio del recurso a la violencia, escenificada en la ejecución sistemática y reiterada de atentados, secuestros, extorsiones y otros, sin que se atisbe la mínima intención de separarse de esa línea".

"Patente de corso"

El juez considera que la reunión supone un delito flagrante, que no puede quedar impune, puesto que de lo contrario sería como otorgar a los imputados una "patente de corso" que les permitiría continuar delinquiendo. La reunión tenía como finalidad apoyar la estrategia de confrontación de ETA, cuando Batasuna tiene suspendidas todas sus actividades desde agosto de 2002 y esa misma medida se prorrogó en enero de 2006.

Garzón dejó en libertad bajo fianza de 24.000 euros a Patxi Urrutia, a pesar de ser miembro de la Mesa Nacional de Batasuna, haber participado en las reuniones y haberle ocupado documentos de la formación, debido a su avanzada edad y estado de salud.

Este caso ha sido desglosado del sumario 35/2002, relativo a Batasuna, con el fin de poder concluir en breve el primero, para centrar la investigación en la denominada "nueva mesa nacional" y las actividades de alcance delictivo de sus miembros.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional había solicitado la prisión para 18 de los 23 detenidos, para otros tres había reclamado fianza de 10.000 euros y finalmente para los dos últimos, libertad con comparecencias quincenales en el juzgado más próximo a su domicilio. Y así lo acordó el juez, a excepción del caso de Urrutia.

Los fiscales habían establecido cuatro criterios objetivos de implicación y reclamaban prisión incondicional para todos aquéllos que cumplieran al menos tres de los cuatro criterios; para los que les fueran aplicables dos de los requisitos, los fiscales pedían la imposición de una fianza de 10.000 euros y, finalmente, la libertad para los que sólo habían estado en la reunión de Segura.

Los cuatro criterios de implicación son: los que tuvieran causas pendientes o estuvieran procesados o imputados por delitos similares, lo que afectaba a ocho de los detenidos; los integrantes de la Mesa Nacional de Batasuna, que son 18 de los 23; los que hubieran asistido al menos a dos reuniones orgánicas, ésta de Segura y una anterior, el 17 de septiembre, en Salvatierra (Álava), lo que incluye a 12 de los reunidos, y por último, a los que se les hubiera intervenido documentos de Batasuna significativos. Siete reunían las cuatro condiciones y otros 11, sólo 3 de ellas. Los siete que reunían las cuatro condiciones son: Joseba Permach, Juan José Petrikorena, Rufi Etxeberria, Imanol Iparragirre, Ana Lizarralde, Maite Díaz de Heredia y Juan Cruz Aldasoro. Cuatro de ellos estaban ya imputados en el mismo sumario de Batasuna, mientras que dos lo están el caso Ekin; otro, en Udalbiltza Kursaal y, otro, en el caso Gestoras-Askatasuna.

Los 11 que reunían tres de las condiciones son: Mikel Zubimendi, Ángel Elkano, Aner Petralanda, Ibon Arbulu, Arantza Santesteban, Asier Arraiz, Maite Fernández de la Bastida, Joana Regueiro, Jon Garai, Tomasa Alejandro y Patxi Urrutia.

Los interrogatorios fueron muy rápidos, porque 20 de los 23 detenidos se negaron a declarar. Únicamente lo hicieron los tres imputados originarios de la localidad de Segura (Guipúzcoa) cuya responsabilidad en Batasuna es claramente marginal y su participación habría sido la de conseguir el local para que pudiera celebrarse la reunión.

Familiares y amigos de los detenidos, en  la Audiencia Nacional. En el centro, con vestido, Jone Goirizelaia,  abogada y miembro de dirección de Batasuna.
Familiares y amigos de los detenidos, en la Audiencia Nacional. En el centro, con vestido, Jone Goirizelaia, abogada y miembro de dirección de Batasuna.ULY MARTÍN

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