El Gobierno inicia la ofensiva contra ETA en todos los frentes

La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkárate, preguntó ayer al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero -en tono de reproche por la detención de la cúpula de Batasuna- si va a "romper todos los puentes de diálogo" con la organización ilegalizada. Y añadió: "Con quienes han sido sus interlocutores hace tan sólo unos meses". Semanas atrás, fue el europarlamentario del PP Jaime Mayor Oreja quien aseguró que el Gobierno de Zapatero sólo había abierto un paréntesis en su diálogo con ETA y Batasuna, que retomaría tras las elecciones generales de marzo.

El Ejecutivo socialista ha respondido a ambas cuestiones con el respaldo a la detención de 23 dirigentes de Batasuna que el juez Baltasar Garzón ordenó el pasado jueves en Segura (Guipúzcoa). El Ejecutivo sabe desde hace semanas, y la documentación incautada a la cúpula de la formación ilegal lo confirma, que ETA se prepara para un ciclo largo de terrorismo; y que Batasuna, con su plan de acción para 2008, va a ser, una vez más, el brazo político que justificará las acciones de la banda. "ETA y Batasuna rompieron los puentes de diálogo hace ya tiempo", aseguran fuentes gubernamentales.

Con el atentado de ETA en la T4 de Barajas, en diciembre de 2006, y más tarde con la ruptura formal del alto el fuego permanente en junio, la banda y Batasuna rompieron no sólo el diálogo sino el procedimiento en el que se había basado, señalan fuentes socialistas. "¿Es acaso creíble una nueva tregua de ETA, primero, y la puesta en marcha, después, de una doble mesa -la técnica entre el Gobierno y ETA y la política entre los partidos-, cuando la banda chantajeó con la violencia al no aceptar los partidos en la mesa las propuestas de Batasuna?", se preguntan estos dirigentes.

Además, está la decisión de ETA y Batasuna de pasar a la confrontación con el Estado, confirmada en los documentos incautados a responsables de la organización ilegal. Ante eso, la respuesta del Gobierno está siendo una ofensiva en todos los frentes: policial, judicial y penitenciario.

La ofensiva policial contra ETA la intensificó el Ministerio del Interior desde el momento en el que la banda terrorista rompió el alto el fuego permanente con el atentado de la T4 del aeropuerto madrileño, con un saldo de decenas de detenciones y la frustración de cinco atentados más.

La ofensiva judicial ha entrado en su fase culminante con la detención de la cúpula de Batasuna. El Gobierno ha respaldado la iniciativa del juez Garzón al considerar que Batasuna estaba reorganizándose para respaldar políticamente las acciones armadas de ETA. De ahí que el Ejecutivo de Zapatero no haya entendido la crítica del Ejecutivo vasco cuando le reprocha que "hace tan sólo unos meses Batasuna fue su interlocutora". "Hace unos meses hubo alguna tolerancia hacia Batasuna porque trabajaba a favor de un diálogo cuyo objetivo era la paz. Ahora, sin embargo, se reorganizaba para respaldar el terrorismo y la tolerancia es cero", señalan fuentes socialistas.

El Ministerio del Interior mantendrá la presión sobre Batasuna, con el objetivo de aislar a los dirigentes que respalden el terrorismo. Asimismo, si los jueces logran pruebas de conexión con la formación ilegal en las investigaciones que realiza la policía, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado actuarán contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas y ANV, aún legales. El Gobierno no descarta la escenificación de disensiones internas en estos colectivos porque sabe que la ruptura de la tregua de ETA causó enorme malestar en sectores de Batasuna, ANV y PCTV.

El Ejecutivo actuará también en política penitenciaria, suavizando las condiciones de vida de los presos más favorables a desligarse de la violencia y endureciendo la de los etarras del sector más radical. Sabe del malestar de numerosos presos de ETA. En unos casos por el modo en que la banda y Batasuna condujeron el proceso de final dialogado del terrorismo y en otros porque fueron olvidados durante el mismo, señalan fuentes gubernamentales.

De hecho, ETA se saltó la hoja de ruta del proceso que establecía cómo primer paso la apertura de un diálogo entre el Gobierno y la banda para buscar una salida a los presos a cambio de la confirmación del cese del terrorismo. Decidió empezar por la mesa de partidos y el desacuerdo bloqueó el proceso, que ETA rompió con la bomba de Barajas.