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Los problemas del urbanismo

Rascacielos pendientes de la aprobación del Plan General

Fernando J. Pérez

Además del caso de Málaga Wagen, las empresas Telefónica y Repsol han visto como las parcelas sobre las que van a poder construir viviendas han sido beneficiadas por la asociación de suelo público para aumentar la edificabilidad. Estos dos convenios urbanísticos entrarán en vigor cuando se apruebe definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana, actualmente en fase de respuesta de alegaciones tras la aprobación incial, y cuya aprobación provisional está prevista para noviembre.

En el caso de los terrenos de Citesa (Telefónica) en el barrio de Martiricos, por cuya nueva ordenación urbanística, la empresa pagará 23,2 millones de euros al Ayuntamiento, se ha previsto construir un máximo de 674 viviendas. Para dar a la zona un coeficiente de edificabilidad de 1,3, el máximo permitido por la Ley Urbanística de Andalucía, se ha incluido en el área de reparto, además de los terrenos de las antiguas instalaciones industriales de Citesa, terrenos municipales que en la actualidad ocupa el mercadillo dominical de Martiricos, otra zona densamente poblada de Málaga. De los 67.385 metros cuadrados con que cuenta el nuevo sector, 37.900 corresponden al aprovechamiento privado y 29.485 al suelo público asociado.

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El objetivo de este convenio, que permite levantar 3 edificios de 17 plantas, otros tres de nueve, y otros tres de tres es, según el Ayuntamiento, "dotar a la zona de calidad urbana y ambiental, incluyendo zonas verdes cualificadas, espacios peatonales de esparcimiento y la obtención de una zona verde de uso público".

Depósitos de Repsol

Más espectaculares son las torres que se han proyectado en los terrenos que ocupaban los antiguos depósitos de Repsol, entre los distritos de Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero, también con gran densidad de población. Frente al bulevar en que se convertirán los accesos a Málaga se contruirá un rascacielos de 44 plantas, tres torres de 28, 25 y 14 pisos y centro comercial. En este caso, la cesión de espacio público ha sido mucho menor: 7.120 metros cuadrados de los 177.547 de que consta todo el sector. Por el convenio urbanístico el Ayuntamiento 82,3 millones de euros cuando entre en vigor el PGOU.

El plan urbanístico malagueño está pendiente de la negociación entre los técnicos municipales y los de Junta tras la declaración de impacto ambiental que declara inviables algunos de los proyectos de expansión residencial diseñados en la vega del río Campanillas y Churriana, o la construcción al norte de la ronda este.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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