La batalla política sacude el Constitucional

El Tribunal Constitucional vive la mayor batalla política de su historia. El PP ha impugnado las leyes más importantes de la reciente etapa socialista, hasta un total de 19, mediante una batería de recursos de amparo e inconstitucionalidad que, sin embargo, no han obtenido hasta la fecha réditos destacables: ni se aceptó anular el embrión del plan Ibarretxe, ni se admitió que los jueces pudieran paralizar individualmente las bodas homosexuales y no está claro que el Estatuto catalán vaya a verse antes de las elecciones. Por eso parece haberse impuesto un cambio de estrategia: hacerse a toda costa con la mayoría del Constitucional, descabalgando a la presidenta, María Emilia Casas. Paralelamente, el sector progresista pretende mantener el anterior estado de cosas en el que disfrutaba de una teórica mayoría gracias al voto de calidad de la presidenta.

La recusación de Tremps da alas a dos jueces conservadores para el asalto a la presidencia

El Plan Hidrológico y el matrimonio homosexual penden de las impugnaciones

Conde fue represaliado por no haber secundado un recurso del PP contra el 'plan Ibarretxe'

Desde la última renovación del Tribunal, el delicado equilibrio que le mantenía dividido a partes iguales en dos sectores de seis magistrados cada uno, venía contrapesado por el voto un magistrado conservador que votaba con el sector progresista en esos asuntos de clara factura política.

El magistrado era Vicente Conde Martín de Hijas y hasta principios de año su voto había venido permitiendo a la presidenta gobernar el Tribunal con la comodidad que da contar con 7 votos a 5 en los asuntos más delicados. Tanto es así que la presidenta creía contar con el voto de Vicente Conde en el asunto más trascendental de los que se habían presentado hasta ahora: el recurso de inconstitucionalidad del PP contra el nuevo Estatuto catalán.

¿Por qué Vicente Conde, antiguo magistrado de la élite del Tribunal Supremo, votaba aparentemente en contra de los intereses del partido que le había situado en su cargo?

Para entender la situación a la que se ha llegado en el Constitucional hay que remontarse al final de la legislatura anterior, a los últimos meses de Aznar en La Moncloa. El 13 de noviembre de 2003, el Gobierno Aznar impugnó ante el Constitucional el plan Ibarretxe cuando aún estaba en fase embrionaria. Aunque la impugnación ofrecía muchas dudas, Aznar vivía en una nube: el PP iba a repetir mayoría absoluta, y manejaba a su antojo el BOE, incluso para incriminar penalmente a Ibarretxe si se le ocurría convocar un referéndum. Sin embargo, el Pleno del Constitucional rechazó el recurso apenas un mes después de que, contra pronóstico, el PSOE ganase las elecciones. La admisión a trámite se perdió por 7 votos a 5. Uno de los que votó en contra fue Conde Martín de Hijas. Dicen que Aznar nunca se lo perdonó, pero en el Alto Tribunal se da por sentado que fue ese voto el que le costó, mes y medio después, la presidencia del Constitucional a Vicente Conde.

En el Constitucional hay una norma no escrita según la cual, sólo deben optar a presidente y vicepresidente aquellos a los que les quedan tres años en el Tribunal. Con ese sistema, todas las facilidades recaían en Vicente Conde. Era el de mayor edad -64 años- entre los cuatro a los que corresponde cesar en 2007, y en caso de empate con María Emilia Casas la presidencia acabaría siendo para él.

El 15 de junio de 2004 se procedía a la elección de nuevo presidente. Al comienzo de la votación, surgió la sorpresa: el conservador Jorge Rodríguez-Zapata anunció su candidatura, lo que dividió el voto y rompió las expectativas de Vicente Conde. Así, en la primera votación, el esperado empate no se produjo: Casas obtuvo 6 votos, Conde 3 y Rodríguez-Zapata otros 3. Al no obtener ningún candidato la mayoría absoluta de 7 votos se procedió a la segunda votación. Para sorpresa general y frente a todos los pronósticos, Casas obtuvo los siete votos y por primera vez una mujer alcanzó la presidencia del Tribunal Constitucional.

¿Qué había pasado? Uno de los magistrados conservadores, Jorge Rodríguez-Zapata, que había prometido su voto a Vicente Conde, había votado a María Emilia Casas. Además, se había registrado un voto nulo, buscado a propósito en una papeleta que contenía tachaduras. Todos miraron a Roberto García-Calvo.

En el tribunal, la caída de Conde se atribuyó a una represalia en toda regla por no haber secundado la impugnación del plan Ibarretxe.

Pero a partir de entonces, el voto de Vicente Conde empezó a acompañar a los del sector progresista en asuntos de interés del PP. Conde fue ponente y votó a favor de no tener que reformar la Constitución Española para adaptarla a la europea, (tres conservadores votaron en contra), o rechazó, en el trámite de admisión, que los jueces de registro civil pudiesen cuestionar la constitucionalidad del matrimonio homosexual (cuatro conservadores votaron a favor). Pero sobre todo, fue el "séptimo voto" que inclinó la balanza en contra del recurso de amparo del PP contra la decisión de la Mesa del Congreso de tramitar el Estatuto de Cataluña como reforma estatutaria.

Ese voto, sin embargo, fue el que confundió a todo el sector progresista, que creía contar con Vicente Conde cuando el PP presentó el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto catalán. Por el contrario, se encontraron con que Conde cambió de bando y pasó a alinearse con el sector conservador, votó a favor de la expulsión del recusado Pablo Pérez Tremps del tribunal que debe juzgar el Estatuto catalán, dejando el tribunal en un 6 a 5 a favor de los conservadores, que quieren recortar el texto.

Tras la expulsión de Pérez Tremps del debate del Estatuto catalán el pasado febrero, el grupo conservador se muestra unido y enardecido, en tanto que el desconcierto cunde en el sector que hasta ahora ha disfrutado de casi tres años de cómoda gobernabilidad en el Tribunal. Los conservadores tienen prisa: quieren la sentencia del Estatuto lo más tarde para Navidad. En todo caso, antes de las elecciones de 2008.

Entretanto, se dan cuenta de que el mandato de María Emilia Casas como presidenta concluye en junio de 2007, fecha en la que los conservadores pueden exigir el nombramiento de un nuevo presidente. Si el cargo recae en uno de ellos, no sólo puede perderse el Estatuto catalán, sino buena parte de las normas más significativas de la legislatura socialista: el Plan Hidrológico, el matrimonio homosexual, la violencia de género, las leyes de paridad... Todas las que ha ido impugnando el PP y que con un cambio en la presidencia del Constitucional quedarían al alcance de los mismos que urdieron la expulsión de un magistrado para derribar el Estatuto.

Desde el Gobierno, se impone blindar a la presidenta para lo cual, en una polémica maniobra, se introduce en el Congreso una enmienda a la Ley Orgánica del Tribunal (LOTC) que prorroga el mandato de la presidenta y el vicepresidente desde el momento que expiren sus mandatos hasta su renovación (diciembre 2007). El PP monta en cólera, pero antes de que pueda mover ficha, los dos magistrados más derechistas del Tribunal, Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata, exigen la dimisión de la presidenta en una carta en la expresan su más "profunda discrepancia" con la prórroga de su mandato. Sus compañeros declinan respaldarles para no contaminarse.

A finales de julio, el PP recurre la prórroga de la presidencia y la participación de las autonomías en los nombramientos de magistrados por el Senado. La presidenta Casas, y el vicepresidente Jiménez, presentan su abstención y que el Pleno decida si deben participar o no en los debates.