A la caza de la presidenta

Toda la trayectoria de Roberto García-Calvo ha estado en el filo de la navaja y cada peldaño que ha subido ha sembrado la polémica a su paso. El PP tardó más tres meses en conseguir meterle en el Constitucional, pero los réditos son evidentes: nunca el alto Tribunal se enfrentó a tal cota de desprestigio en toda su historia. Cazador aficionado y de maneras un tanto montaraces, García-Calvo está considerado el artífice de toda la estrategia del PP para hacerse con el Constitucional, mediante el acoso y derribo de la presidenta de la institución, María Emilia Casas.

Su fidelidad al PP viene de antiguo, de cuando el PP era todavía AP y fue nombrado gobernador civil de Almería y jefe provincial del Movimiento por el franquista Arias Navarro, el 9 de abril de 1976. Durante su mandato se produjo la muerte del joven Javier Verdejo por disparos de la Policía cuando realizaba una pintada. La devoción de los populares por García Calvo es incuestionable: además de al Gobierno Civil de Almería -del que le destituyó Adolfo Suárez en febrero de 1977- le han promovido al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional.

Pero siempre en medio de la polémica. Incluso cuando el PSOE, en cumplimiento de un pacto, le votó para consejero del Poder Judicial en marzo de 1988. Faltaron entonces 32 de los 68 diputados con que contaba AP y el nombramiento no salió adelante. Los populares exigieron una nueva votación. El PSOE replicó: "Ya nos costó trabajo votarle la primera vez y no se nos puede pedir una segunda".

García-Calvo consiguió acceder al Consejo del Poder Judicial al año siguiente, marzo de 1989, para cubrir una vacante. Lo consiguió por sólo dos votos sobre el total de los tres quintos de la Cámara. De su paso por el Consejo lo más significativo fue la anécdota de su secuestro, junto con otros consejeros y facultativos, a cargo de un comandante de la Guardia Civil armado con una pistola y cinco granadas, que les mantuvo encañonados mientras les da cuenta de un pleito que había perdido. La hoy vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que se encontraba entre los reunidos, consiguió convencer al comandante de que le dejara ir a buscar el expediente. García-Calvo fue el único de los presentes que salió de la estancia con ella. De la Vega avisó a los policías que se encontraban fuera y el comandante pudo ser reducido. "Roberto lo pasó mal", recuerdan fuentes que conocen los pormenores del incidente.

En octubre de 1995, consiguió acceder a la Sala Penal del Tribunal Supremo con los 10 votos del sector conservador. En el alto tribunal siempre estuvo alineado con las posiciones ideológicas de la derecha más dura. Fue uno de los cuatro magistrados que votaron a favor de la inculpación de Felipe González en el caso GAL para "garantizar su protección legal" frente a las acusaciones, según la cínica fórmula utilizada entonces, pero su postura fue derrotada por otros seis magistrados. Con todo, su actuación más significada fue su voto a favor del Gobierno del PP en el indulto al juez Javier Gómez de Liaño, expulsado de la carrera por prevaricación. Toda la Sala Penal, menos él (10 a 1), rechazó la requisitoria del Gobierno para inhibirse.

García-Calvo redactó la sentencia que condenó a la Mesa Nacional de Herri Batasuna a siete años de prisión, sentencia luego anulada por el Constitucional, aunque de eso no tuvo la culpa el ponente. Su nombre figuró en una lista de 18 jueces del Supremo encontrada a ETA dos meses antes del asesinato del magistrado Rafael Martínez Emperador, en febrero de 1997.

Su inclusión, por sorpresa, en la lista de candidatos del PP al Constitucional en julio de 2001 provocó la indignación de los socialistas, que mantuvieron un tira y afloja hasta octubre para intentar que el PP le retirara. Al final, el empecinamiento del PSOE para llevar al ex ministro Luis Martínez Noval al Tribunal de Cuentas introdujo a García-Calvo en el Constitucional, no sin un voto de castigo al candidato que dejó el pacto en el aire hasta el último momento. Los siete parlamentarios del PNV escribieron en su papeleta: "No votamos a García Calvo porque es un facha, como bien ha denunciado en múltiples conferencias el portavoz del PSOE, Jesús Caldera".

Ya en el Constitucional se ha convertido en la bestia negra de la presidenta María Emilia Casas, a la que pretende, sin tapujos, derribar de su cargo. Incluso para sustituirla, llegado el caso, por Vicente Conde, al que hace tres años cerró el paso para acceder a la presidencia.