Vacas flacas inmobiliaras

El petardazo de Astroc y la suspensión de pagos de Llanera esta semana -dos episodios distintos y nada equiparables- han venido a constituir por estos pagos la escenificación de una crisis inmobiliaria que se estaba incubando después de tres largos lustros de vino, rosas y beneficios abundantes. El ciclo prodigioso ha concluido, dando por fin la razón a los profetas del desfondamiento, y lo que ahora se trata de prever es si el aterrizaje en la nueva realidad se efectuará apaciblemente o habrá que recurrir a medidas de emergencia.

Lo que no se percibe entre los profesionales del ramo, o tan sólo se percibe excepcionalmente, es desespero y, menos aún, pánico. Tiene uno la impresión de que, a fuerza de anunciarles la amenaza del lobo, en forma de depresión del mercado, se han familiarizado con la fiera. A la postre, nadie mejor que ellos conocía el desbordado parque de vivienda construida y los riesgos contraídos ante las eventuales turbulencias financieras y subida de intereses, cual ha sido el caso. Nunca pudo imaginarse Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo, cuán presente ha estado en las premoniciones del gremio del ladrillar. Todo lo cual ha permitido que muchos o la mayoría de empresarios hayan buscado alternativas inversoras en otras latitudes y dedicaciones, o puedan aguantar a costa de los beneficios acumulados. Dramas, los imprescindibles.

Sin embargo, no ha de olvidarse que este universo industrial de la vivienda es -en palabras de un veterano gestor del sector- como un portaviones de gran calado que necesita su tiempo para maniobrar. En estos momentos está todavía viviendo de la inercia de las obras emprendidas o contratadas, por lo que habrá que esperar a ver como se renuevan las iniciativas y se recupera la velocidad de crucero, "que no podrá ser la que ha sido, con los cientos de miles de viviendas al año y un crecimiento tan espectacular", según pronóstico del experto.

En lo que prácticamente todo el mundo -y valga la generalización- está de acuerdo es en que este periodo de vacas flacas que encara el sector es una suerte de catarsis que lo aligerará de advenedizos en beneficio de los empresarios profesionales avalados por años de ejercicio y obra contrastada. Esos mismos que, al decir de un responsable bancario, siguen teniendo abiertas sus líneas de crédito. "Esto que está pasando no es una novedad, diagnostica, tan solo otra cura de adelgazamiento de un censo sobredimensionado de promotores, muchos de los cuales han tenido demasiada prisa para crecer y consolidarse. Son -añade- los que están pagando con pisos la factura del arquitecto".

No solo son esos los damnificados. Con ellos van a encontrar serias dificultades quienes adquirieron pisos o suelo a crédito con el exclusivo ánimo especulativo a corto plazo, así como cuantos quieran desprenderse de sus viviendas por las razones que fueren. No hay más que mirar las fachadas para constatar la oferta, ratificada por el testimonio de los profesionales e intermediarios que dan cuenta de la paralización el mercado. La salida del trance no es otra que la bajada de los precios a menudo demenciales y echarle paciencia -quien pueda- hasta el cambio de ciclo, que llegará como siempre.

Mientras tanto, y a la vista de lo que ha dado de sí la política de la sandía que postuló el ex consejero del ramo, Esteban González Pons, quizá fuese oportuno concertar un pacto por el urbanismo entre todas las fuerzas parlamentarias y empresariales, tal como ha propuesto el actual titular de este departamento, José Ramón García Antón. Aunque en este capítulo y después del desmadre que hemos padecido los valencianos desde 1995, lo más sensato sería restaurarle estas atribuciones al Gobierno central. Aquí somos testigos de qué han sido capaces tantos ediles corruptos y el mismo Consell, puesto reiteradamente en evidencia por los parlamentarios europeos. Vivienda y territorio son asuntos demasiado sensibles para dejarlos en manos de instancias que se han revelado vulnerables o venales en extremo. Pero este es un aspecto que concierne más al código penal, a la laxitud judicial y a la falta de voluntad política que al urbanismo estricto.