La firmeza y el grito

La nueva aventura política del lehendakari Ibarretxe, reedición ampliada de su iniciativa anterior, comparte con ella sus ideas de fondo. Al pasar del "plan" a la "hoja de ruta" no se han alterado su componente mesiánico, la concepción mitológica del "pueblo vasco" como único titular legítimo de la soberanía, el enmascaramiento de su asalto a la legalidad sirviéndose de frases bobaliconas que encubren la voluntad de ruptura con el Estado español, y, en consecuencia, el desprecio por las reglas de juego de esa democracia en que dice apoyarse. El retroceso del PNV en las autonómicas de 2005 impidió que siguiera adelante con sus propósitos de autodeterminación, ahora retomados. Desaparece para esta nueva "clásica de la independencia" la condición de la falta de "violencia", lo cual prueba que la palabra del lehendakari es papel mojado y cobra forma el engaño jurídico mediante el cual trata de soslayar la aplicación del artículo 149.1.32 que en el título sobre la estructura territorial del Estado, y para impedir la organización de cualquier "consulta popular por vía de referéndum" por una comunidad reserva su autorización en exclusiva al Gobierno central. Sin duda la idea de tal "consulta popular" procede de la experiencia de Gibraltar, donde un referéndum encubierto así disfrazado sirvió para bloquear toda pretensión española a la cosoberanía.

A modo de excusa, Ibarretxe mencionó que las consultas populares de comunidad están reconocidas para Andalucía (art. 30 c. del Estatuto), recurriendo al agravio comparativo: ¿cómo lo que puede hacer Andalucía le está vetado a Euskadi? Pudo añadir que también el artículo 122 del Estatuto catalán asigna a la Generalitat la competencia de organizar diversas formas de "consultas populares", si bien siempre "en el ámbito de sus competencias" y respeto al 149.1.32 de la Constitución. El texto andaluz es aún más explícito en tal restricción (art. 78).

En suma, el hecho de presidir la CAV hace aún más grave la voluntad de presentar como inocua una iniciativa destinada a jugar con la idea de autodeterminación, forjando mediante la ingenua "consulta popular" una posible mayoría de cara al referéndum decisivo, de otro modo perdido de antemano. No quiere conocer la intención política de los vascos, sino forzarla contra la ley y desde el engaño. En términos legales, ni "el pueblo vasco" es el titular de la soberanía, ni su cargo de lehendakari le autoriza para dar por supuesto el contenido de la misma y lanzar un proceso constituyente, ni respeta el hecho de que tampoco hay mayoría clara nacionalista en la CAV, y menos de su partido, ni le hace "temblar el pulso", como al general Franco, que todo esté contra él y únicamente cuente en su apoyo con la presencia de ETA. Así ETA ya tiene razón para sobrevivir: luchar contra esa España que niega a los vascos su "derecho a decidir". La legalización de la "hoja de ruta" podría venir de que el Gobierno autorizase la consulta "habilitadora", y por consiguiente distinta de una variante de encuesta, con consecuencias jurídico-políticas. Pero a Ibarretxe no le tiembla el pulso ante una vulneración más: si la negociación con Zapatero no resulta, él seguirá adelante, nos imaginamos que acudiendo a una nueva interpretación torticera de un texto jurídico que nada tiene que ver con España, la Sentencia del Tribunal Supremo de Canadá sobre Quebec. Ganar limpiamente es un objetivo imposible para Ibarretxe. Le quedan su testarudez propia del Mesías sabiniano del programa Vaya semanita, el olvido de la legalidad y el menosprecio de las consecuencias que su camino a ninguna parte puede tener para la convivencia política en Euskadi y para que ETA encuentre una causa por la que seguir asesinando.

Tras alguna vacilación inicial, el presidente Zapatero ha encontrado el tono adecuado para el rechazo, firme y sereno, a sabiendas de que Ibarretxe saldrá a gritos como víctima por la causa de su Pueblo cada vez que pueda. Sin renunciar a otras críticas, sería bueno que PP y UPD anunciaran su respaldo a la doble actitud de resistencia necesaria que se avecina, la del Gobierno y la de los ciudadanos vascos opuestos al "desvarío" que nos amenaza. Como compensación, algunos medios y organizaciones vinculados al Gobierno debieran cesar en su griterío difamatorio contra "populares" y "savaterianos".