Los socialistas proponen "avanzar" en el reconocimiento del voto de los inmigrantes

Los socialistas han decidido retomar la iniciativa en un asunto que el verano pasado encendió una áspera polémica con el PP y los partidos nacionalistas, y que les obligó a echarse atrás después de un acuerdo con Izquierda Unida-Iniciativa Verds: el reconocimiento del derecho de voto de los inmigrantes. La ponencia para la conferencia nacional que el PSC celebrará a finales de noviembre propugna "avanzar" en el reconocimiento de este derecho en las elecciones municipales. Para ello propone llevar a cabo "las reformas legales necesarias" y en particular "la remoción de la condición de reciprocidad" que figura en la Constitución, y entretanto, acelerar la vía de los tratados de reciprocidad.

El PSC está convencido de que Cataluña se juega su futuro en el éxito o fracaso de la "acomodación e integración" de los inmigrantes y, en consecuencia, está decidido a jugar a fondo para garantizar su plena incorporación a la sociedad. Considera que el reconocimiento del derecho de voto no constituye una condición suficiente para ello, pero cree que sí es un "instrumento fuerte" para favorecerla.

Tan importante es el asunto, que el PSC lo ha situado como uno de los tres ejes sobre los que girará su VI Conferencia Nacional, cuya ponencia marco fue presentada ayer por el secretario de programas del partido, Ernest Maragall. Los otros dos ejes son la política de vivienda y la de infraestructuras.

En esta ponencia se destaca que Cataluña ha pasado en 10 años de tener seis millones de habitantes a contar en la actualidad con unos 7,5 millones. Este aluvión enorme plantea el reto, afirma, de construir "una sociedad plural, pero vertebrada", o derivar en "una pluralidad de sociedades" yuxtapuestas con todos los riesgos que eso significa.

Los autores de la ponencia reconocen que se trata de un asunto "delicado" y advierten que habrá que abordarlo "con serenidad y firmeza" para lograr el consenso necesario. Su propuesta es establecer una regulación del acceso al voto que prevea "iguales condiciones para todas las personas residentes con independencia de su origen nacional".

El derecho de voto debería atribuirse a los extranjeros con cinco años de residencia permanente, un periodo que se estima suficiente para el arraigo y el establecimiento del "vínculo de solidaridad mutua necesario". Como la Constitución establece la condición de reciprocidad para otorgar este derecho, el PSC asume que mientras no se reforme habrá que "explorar" la vía de los tratados con los países de origen; a pesar, dice, "del riesgo de 'comunitarización' y de trato diferencial por procedencias" que el sistema de reciprocidad bilateral puede comportar.

El Gobierno catalán trabaja para firmar un pacto con todos los grupos parlamentarios sobre las políticas para un tratamiento global de la inmigración. Fue una de las ofertas realizadas por el presidente José Montilla, socialista, en el debate de su investidura. Pero la viva polémica que estalló en agosto del año pasado cuando los grupos parlamentarios del PSOE y de Izquierda Unida-Iniciativa Verds llegaron a un acuerdo para introducir el voto de los inmigrantes en las elecciones municipales demostró que se trata de un asunto políticamente inflamable.

La polémica del verano

La reacción de Convergència i Unió (CiU) y Esquerra Republicana (ERC) en aquel momento fue la de exigir algunos "requisitos" previos a los inmigrantes como condición para reconocerles el derecho al voto, como conocer la lengua y la cultura de la tierra de acogida, y asumir los valores de la Constitución. El líder de CiU, Artur Mas, habló de que los inmigrantes firmaran un "contrato con Cataluña" cuyos detalles no especificó, aunque sí que debía garantizar que los inmigrantes asumiesen "a dónde vienen y qué somos".

También el líder de ERC, Josep Lluís Carod, indicó que el derecho a voto debía reconocerse "junto con algunos deberes para con el país". Mucho más contundente, uno de los principales dirigentes del PP en Cataluña, Alberto Fernández Díaz, sostuvo que el derecho a votar sólo debía otorgarse a los inmigrantes procedentes de países con convenio de reciprocidad.