Aprobada, con la oposición del PP, la ley que endurece las penas por delitos de tráfico

Conducir bebido o a velocidad excesiva -200 kilómetros por hora en autovía, 110 en ciudad- se castigará con penas de cárcel, aunque, si el infractor no provoca un accidente, el juez podrá imponerle una multa o trabajos en beneficio de la comunidad. El Congreso aprobó ayer inicialmente esta modificación del Código Penal, que pasa ahora al Senado y debería entrar en vigor antes del invierno. El texto, que incorpora otras medidas para mejorar la seguridad vial, fue apoyado por todos los grupos salvo PNV e IU, que se abstuvieron, y el PP, que votó en contra por considerarlo excesivo e "improvisado".

El Código Penal ya castiga en la actualidad a quien conduce borracho o se salta los límites de velocidad, pero el delito está descrito de forma tan vaga que, al final, es el juez quien decide si la conducción temeraria ha supuesto un riesgo para los demás o no ha puesto a nadie en peligro y por tanto no merece ser castigada. La reforma legal que aprobó ayer el pleno del Congreso pretende acabar con esa ambigüedad y, a la vez, endurecer las penas que ya existen.

Así, cuando la reforma entre en vigor, se castigará con prisión de tres a seis meses -o multa y trabajos en beneficio de la comunidad- a quien conduzca "a una velocidad superior en 60 kilómetros por hora en vía urbana o en 80 por hora en vía interurbana a la permitida"; la misma pena para quien se ponga al volante con más de 1,2 gramos de alcohol en sangre (un litro de vino); y cinco años de cárcel para quien conduzca con temeridad manifiesta y ponga en peligro la vida de los demás.

"Más de 4.000 muertos al año reclamaban al poder legislativo una solución", resumió Luis Mardones, del Grupo Mixto. La misma explicación que dio el socialista Victorino Mayoral: "Había que recoger el clamor de las víctimas". Pero el PNV sostiene que la reforma se ha hecho "de forma precipitada", y por eso se abstuvo. Lo mismo opinó IU-ICV, cuya diputada Isaura Navarro zanjó: "El derecho penal no es solución para los problemas de raíz social". Navarro pedía, además, que si se pretende que la gente no corra al volante se obligue también a fabricar los coches con limitador de velocidad (propuesta que fue rechazada). Y algo más: que las penas de cárcel se reserven para aquellos conductores que conduzcan de manera temeraria "poniendo en peligro la seguridad del tráfico"; y se exima a aquellos que son sorprendidos circulando bebidos o saltándose el tope de velocidad pero no provocan un accidente.

El grupo de IU-ICV se dividió a la hora de las votaciones: los dos diputados de IU (Gaspar Llamazares y Montserrat Muñoz) se abstuvieron, mientras que la parte catalana de la coalición (ICV) votó a favor de la proposición de ley.

El mismo argumento de Navarro para distinguir a quien provoca un accidente y el que sólo se salta las normas utilizó Federico Souvirón, del PP, que además pidió aumentar el límite de alcoholemia a 1,5 gramos y criticó el "brindis al sol" que supone la ley si no se dota de más medios para los fiscales de tráfico. Le contestó Jordi Jané, de CiU: "El límite de 1,2 gramos para medir la alcoholemia es ya de los más altos de Europa. Y eso de no castigar igual al que no causan víctimas... Sería como si a alguien que va con una escopeta pegando tiros por la calle no se le castigara porque ha tenido la suerte de no dar a nadie".