La Generalitat exige el retorno sin dilaciones de los 'papeles de Salamanca'

Dos años no han bastado para cumplir la ley. El Archivo de la Guerra Civil de Salamanca sigue albergando documentos pertenecientes a entidades, asociaciones y particulares catalanes sin fecha para regresar a sus legítimos propietarios. El consejero de Cultura, Joan Manuel Tresserras, exigió ayer su devolución "sin más dilaciones" después de que el ministro de Cultura, César Antonio Molina, diera largas al asunto esta misma semana.

"Hay que cumplir la ley y el compromiso ético y moral con Cataluña". Tresserras respondió así ayer al ministro de Cultura, César Antonio Molina, que el pasado miércoles afirmó que los papeles que continúan en Salamanca no regresarán a Cataluña hasta que se haya constituido el Patronato del Centro Documental de la Memoria y nombrado a su director. No fijó fecha, pero en medios de la Generalitat hay temor a que el Gobierno central retrase todo el proceso para evitar, en vísperas electorales, una nueva oleada de protestas en Salamanca como las que ya hubo cuando salieron del archivo los primeros documentos.

De ahí que el Tresserras pronunciara unas palabras que fueron validadas por el Departamento de Presidencia de la Generalitat: "Los documentos deben volver sin más dilaciones. Sería incomprensible que los documentos no volvieran antes de que acabe la legislatura".

La ley es clara y en ningún caso establece que la devolución de los documentos esté vinculada a la creación del organismo al que se refirió el ministro en el Congreso. Es más, el texto afirma que los documentos de los particulares deben volver a sus legítimos propietarios en el plazo de un año desde la acreditación de su propiedad. Este trámite se cumplió hace ya un año y medio.

Lo que sí debe hacerse para devolver los documentos es reunir la comisión mixta Gobierno central-Generalitat que se creó con la aprobación de la ley. Convergència i Unió y el Partit dels Socialistes exigieron ayer en el Parlament una reunión "urgente" de dicha comisión para abordar el fin del proceso. CiU dudó abiertamente de la voluntad política de culminar la operación en plena precampaña electoral. La Comisión de la Dignidad llamó a todos los partidos catalanes a aprobar una moción en el Congreso para establecer un calendario de retorno.