La aplastante lógica del sistema de pensiones

Según los planes del Gobierno respecto a los Presupuestos Generales del Estado para 2008, las pensiones mínimas subirán por encima de la inflación y de las pensiones medias, para asegurar una vida digna a nuestros mayores que sufren más estrecheces. Sin embargo, parece que el umbral de vida digna no es único: los mínimos de las pensiones contributivas (PC) subirán entre un 6,5% y un 5%, mientras que las pensiones no contributivas (PNC) subirán un 3%. Y el año pasado sucedió exactamente lo mismo. A primera vista cuesta imaginar por qué ha de acrecentarse la distancia, respecto a las demás personas mayores, de las 269.546 personas beneficiarias de PNC de jubilación que viven actualmente con un máximo de 312,43 euros mensuales, cantidad incompatible con todo tipo de rentas. Difícil es pensar en un argumento de restricción presupuestaria, ya que aplicar una subida de un 6,5% a todas las PNC solamente supondría un importe adicional de 5 millones de euros. Resulta también llamativa la aquiescencia de los sindicatos y el silencio de la oposición.

¿Qué tienen estas personas para que sus necesidades resulten tan invisibles? Muy sencillo: que no han llegado a los 15 años de cotización necesarios para acceder a una pensión contributiva. En el acuerdo conocido como Pacto de Toledo se conviene en potenciar el principio de contributividad, para lo cual se establece explícitamente que las cuantías mínimas de las PC deben ser superiores a las PNC. También se prevé el aumento progresivo del periodo de cotización necesario para acceder a las contributivas; y unas reglas de cálculo de los importes que penalizan cada vez más a las carreras profesionales incompletas. Se intenta, pues, incentivar la continuidad de cotizaciones durante toda la vida hasta la edad de jubilación. En este sentido, conceder los mismos derechos a las personas que no han trabajado, o se han negado a cotizar, acarrearía comportamientos indeseables. Visto así, el sistema parece lógico. Pero ampliemos el zoom para ver qué queda fuera de este sistema, es decir, quiénes son las personas que se ven abocadas a vivir de una pensión no contributiva y qué otros incentivos les han conducido a esa situación.

El 82% de las personas perceptoras de las PNC son mujeres. Se trata, en su gran mayoría, de mujeres que han estado una parte de su vida dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados. Entre las causas de que se hayan encauzado por este camino, que tan funestas consecuencias les acarrea, están la educación, la presión social, la falta de otras alternativas o la no implicación de los hombres en el cuidado, y en todos estos fenómenos inciden las políticas públicas. Pero es que, además, el propio sistema de impuestos y prestaciones es responsable de ello. El IRPF mantiene la opción por la tributación conjunta, que desincentiva el trabajo asalariado de las mujeres casadas. Las crecientes facilidades para la retirada del mercado de trabajo por razón de cuidados, como la prestación prevista en el artículo 18 de la Ley de Dependencia, alejan de su profesión a muchas otras. En definitiva, la inmensa mayoría de las perceptoras de PNC no han llegado a esa situación por haberse negado a trabajar y/o cotizar, sino por haber asumido trabajos de cuidado y domésticos en un sistema de organización social que les aboca a ello.

La aparente lógica del sistema encierra, pues, una contradicción: mientras se incentivan las carreras de contribución ininterrumpidas en general, éstas se desincentivan en particular para el caso de las mujeres en situación de potenciales cuidadoras. Sin embargo, cuando el periodo de cuidados se termina, ni hay prestaciones para ex cuidadoras ni se les garantiza un trabajo ni se les considera como cotizados los periodos de desempleo subsecuentes. La interacción de estos mecanismos con la lógica del sistema de pensiones, y su inecuación Mínimos de PC>PNC, conduce a la paradoja de que, por cuidar a nuestros dependientes, estamos potenciando la existencia futura de personas mayores en situación desamparada.

Es posible salir de este círculo vicioso, y para ello se requieren reformas en tres direcciones. Por un lado, deben eliminarse todos los desincentivos al trabajo asalariado de las mujeres, particularmente la tributación conjunta en el IRPF y todas las prestaciones para el cuidado incompatibles con el trabajo asalariado. En segundo lugar, junto con políticas educativas, deben reconocerse a los hombres los derechos sociales necesarios para que puedan asumir sus tareas de cuidado en pie de igualdad con las mujeres, empezando por un permiso de paternidad intransferible, de la misma duración que el de maternidad y con la misma parte obligatoria. Por último, y no menos importante, es necesario conceder importancia prioritaria a los sistemas públicos de educación infantil y de atención a la dependencia.

Existen evidencias científicas de que estas reformas aumentarían la eficiencia económica y contribuirían a la solución de la crisis de fecundidad, tan importante para la supervivencia del sistema de pensiones, entre otras cosas. Las autoridades nacionales e internacionales así lo reconocen, y países que han emprendido esa vía ocupan hoy los primeros puestos en competitividad económica.

Sin embargo, estas reformas no se producirán a golpe de medidas presionadas por la situación política del momento. Al contrario, exigen una visión a medio plazo y, como en su día los Pactos de Toledo, una colaboración de los agentes sociales. También exigen, de manera singular, la sensibilidad social hacia todas las mujeres que, hoy por hoy, son sacrificadas en aras de una organización social cuya sola razón de existir es el mantenimiento del statu quo patriarcal.

María Pazos Morán es investigadora del Instituto de Estudios Fiscales.