Los obreros de Serrabal insisten en paralizar la expropiación

Dos centenares de trabajadores del grupo Villar Mir bloquearon ayer, por segundo día consecutivo, la entrega a la empresa de las actas de expropiación de las fincas por las que pasará la futura línea de alta velocidad ferroviaria Santiago-Ourense, que afectará a una parte de la mina de Serrabal. Los obreros insisten en que una modificación del trazado sólo implicaría entre cuatro y seis meses de retraso en las obras.

La presencia de los obreros logró impedir la entrega de las actas por la mañana en el Ayuntamiento de Vedra y por la tarde en el centro sociocultural de Xermade, en Boqueixón. Florentino Castro, miembro del comité de empresa de Serrabal, aseguró que van a repetir acciones de este tipo en todas las ocasiones que haya convocatorias para firmar actas de expropiación, con el objetivo de que finalmente se acceda a modificar el trazado de la futura línea del AVE para que no afecte a la mina.

Castro explicó que, frente a lo que defiende el Ministerio de Fomento, la variación en el trazado de la línea sólo supondría un retraso de entre cuatro y seis meses, debido a la necesidad de cumplir el trámite preceptivo de información pública. El Gobierno central advierte que la demora se prolongaría al menos dos años.

Los operarios también impidieron que los técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) pudiese sacar del Ayuntamiento de Vedra ordenadores con información sobre las actas de expropiación del AVE. Los trabajadores denuncian que el Ejecutivo pretende expropiar 45.000 metros cuadrados más de los previstos en la mina, por lo que, de llevase a cabo, se vería afectado el filón de cuarzo en el que se trabaja en la actualidad.

La explotación de Serrabal, situada entre Vedra y Boqueixón, es rica en un cuarzo muy raro y valioso en Europa ya que permite fabricar un silicio fundamental para la energía solar. Tanto la dirección como los empleados del grupo Villar Mir se oponen al trazado del AVE previsto por Fomento. Alegan que afectaría al menos a un 10% de la explotación y podría implicar el traslado a otros países de la tecnología y los equipos de investigación.