Los jueces dejan en faltas las denuncias de delitos de la Fiscalía por agresiones al Segura

La batalla de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en su empeño por perseguir por la vía penal las agresiones ambientales a la cuenca del Segura resulta en la práctica baldía. La Fiscalía del TSJ de Murcia ha designado hasta un fiscal especial para ello.

La mayoría de las 28 denuncias remitidas por el fiscal jefe murciano, Manuel López, a los juzgados se han sustanciado finalmente como faltas, según comentó ayer Manuel Aldeguer, Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

La Confederación, por decisión del ministerio público, está obligada a remitir los casos con daños superiores a 400 euros

Dos de las denuncias remitidas al tribunal corresponden a La Vega Baja por extracción y riego ilegal

El fiscal del TSJ de Murcia vió delito en 28 expedientes de la CHS, la mayoría por robo de agua y vertidos

La Confederación está obligada desde hace dos años por una iniciativa de la Fiscalía a trasladar al ministerio público murciano todos los expedientes incoados con daños superiores a los 400 euros. Sin embargo, finalmente, los jueces no observan delito y remiten el caso al órgano de cuenca para que cobre por la vía administrativa las correspondientes multas.

Según la estadística facilitada ayer por la Confederación Hidrográfica del Segura, durante el pasado año hidrológico, del 1 de octubre de 2006 al 30 de septiembre de 2007, abrió un total de 547 expedientes sancionadores, de los que 28 han sido remitidos a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, por superar el daño ocasionado la cuantía antes mentada. De estos 28 expedientes, 13 están relacionados con el riego ilegal, uno con extracción de áridos, diez por vertido de aguas residuales, dos por derivación de aguas y otros dos por construcción y explotación de pozos. De éstos sólo dos [uno por extracción de agua y otro por riego ilegal] están relacionados con agresiones cometidas en la comarca valenciana de La Vega Baja.

Mientras, del total de sanciones, 54 corresponden al ámbito territorial de la provincia de Alicante. De ellas, 24 son expedientes por obras ilegales en el cauce, 12 por construcción de pozos y otros por vertidos ilegales.

La confederación hizo pública esta estadística el segundo día del juicio por vertidos industriales tóxicos al cauce del río. Por estos hechos están procesados tres ex altos cargos del organismo de cuenca, a quienes se imputa un delito contra el medio ambiente.

El importe de las sanciones impuestas asciende a 337.025 euros, una cifra notablemente superior a la del año pasado, cuando se recaudaron 22.629 euros.

Los datos globales suponen un descenso del 15,4% del número de expedientes sancionadores abiertos, al pasar de los 646 del año 2005-2006, a los 547 de este último año. La CHS atribuye este fenómeno a una "mayor concienciación de la sociedad y al esfuerzo del personal para evitar la comisión de actividades irregulares", aunque este año hayan sido remitidos a la Fiscalía mas expedientes.