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"Al Segura vertía todo el mundo"

El juicio a 11 industriales y tres funcionarios por contaminar el río comienza en Elche

"Allí [el cauce del río Segura] vertía todo el mundo". La frase la pronunció ayer ante el tribunal Ramón Pajares Manresa, uno de los 11 industriales procesados por los vertidos contaminantes al río Segura. Los empresarios se enfrentan a penas que oscilan entre los seis meses y seis años de prisión. En el banquillo se sientan además tres ex altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para los que la acusación particular, que ejercen dos colectivos ecologistas, pide seis años de prisión. En la primera sesión de la vista oral declararon otros dos industriales.

La analítica reveló una alta presencia de cobre, cadmio y zinc en los vertidos al río

Siete años después, arrancó ayer en la sección 7ª de la Audiencia de Alicante con sede en Elche el juicio por los vertidos de minerales contaminantes por parte de empresas radicadas en la Vega Baja al cauce del río Segura. En el banquillo de los acusados se sientan 11 industriales [siete a instancias del ministerio público y cuatro, de la acusación particular, que ejercen los colectivos Ecologistas en Acción del País Valenciano y Amigos de los Humedales del Sur de Alicante]. Junto a estos acusados, que en total se enfrentan a 26 años de cárcel, la juez instructora también procesó a cuatro ex altos de la Confederación Hidrográfica del Segura: los ex presidentes Juan Cánovas y Antonio Nieto y los ingenieros José Alemán y Luis Pérez -este último ya ha fallecido-. La acusación particular pide para cada uno seis años de cárcel. El ministerio público no aprecia delito en su conducta.

El ministerio público, que encarna el fiscal de Medio Ambiente de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos Carranza, imputa a los siete empresarios diversos delitos relativos a la Ley de Aguas, la Ley de Saneamiento de Aguas Residuales y diversas ordenanzas municipales de los consistorios en los que desempeñan su actividad. En su escrito de calificación inicial, el fiscal recoge que de acuerdo a diversos análisis realizados a lo largo de la cuenca del río Segura en mayo de 2001 se constató "la elevada concentración de materia orgánica en descomposición, presencia de metales pesados como cobre, zinc y cadmio y una alta concentración de aceites y grasas vegetales".

La primera sesión de la vista oral se consumió prácticamente con el aluvión de cuestiones preliminares planteadas por las defensas de los acusados. La mayoría de las iniciativas, solicitaban la nulidad de las actuaciones por "vulneración" de los derechos fundamentales de los acusados o "falta de imparcialidad e independencia" de la magistrada instructora, la titular del juzgado número 6 de Orihuela. El presidente del tribunal las rechazó. "Las resolveremos en sentencia", dijo.

Tras esta fase, comenzó el juicio con el interrogatorio al primer acusado, el industrial Jerónimo Ródenas Hernández, propietario de una empresa de congelados y vegetales, ubicada en el rincón de Bonanza, en el término de Orihuela. Este empresario reconoció que la Confederación del Segura le retiró el permiso para seguir vertiendo al río en 1999 y pese a ello no cesó la actividad. El acusado no aclaró al tribunal sin en la actualidad tiene o no regularizado el permiso de vertidos con el Ayuntamiento, entidad competente ahora en esa materia. El industrial señaló que vertía directamente a una arqueta sin depurar porque no había depuradora en la zona ni tampoco su instalación contaba con una planta similar. "Entonces no había ayudas de la Generalitat para construir una estación depuradora", puntualizó. Una analítica realizada en mayo de 2001 en el punto donde vertía la industria reveló "una alta presencia de amonio relacionado con el amoníaco".

El segundo empresario en declarar ante el tribunal fue Ramón Pajares Manresa, propietario de una fábrica de plásticos, sita en el barrio de San José de Callosa del Segura. El acusado admitió que inicialmente vertía mediante un sistema de arquetas diseñado por él mismo. El sistema carecía de autorización por parte de la CHS. "Más adelante", declaró, "construí una arqueta totalmente impermeable, que sí revisaron los técnicos de la Confederación". El industrial restó validez a las muestras que detectaron minerales contaminantes: "Esa muestra no era sólo de mis vertidos, allí vertía todo el mundo".

La sesión de ayer concluyó con la declaración de Manuel Mateo Candell, propietario de una empresa de conserva vegetal de alcachofa, tomate y cabello de ángel, en el término de Rafal. El acusado negó que en algún momento de la actividad de la fábrica hubiera realizado vertidos contaminantes aunque sí admitió una avería en la industria en septiembre de 2000 que acabó llevando restos vegetales a la depuradora de Rafal, "pero inmediatamente cesó la actividad", puntualizó.

El juicio sigue hoy con la declaración de los empresarios procesados. Los ex cargos de la CHS declararán mañana.

TODOS LOS PROCESADOS

ACUSADOS POR El FISCAL

Jerónimo Ródenas (industrial). Cuatro años por un delito contra la Ley de Aguas.

Ramón Pajares (industrial). Idéntica pena que el primero.

Manuel Mateo (industrial). Idéntica pena que los dos anteriores.

José Antonio Murcia (industrial). Dos años por un delito contra la Ley de Aguas.

José Bernabé Díaz (industrial). Cuatro años de cárcel por un delito contra la Ley de Aguas y la Ley del Saneamiento de Aguas Residuales.

Francisco Torá Día (encargado). El fiscal pide la misma pena que para el anterior.

Tomás Adir Mas (encargado). La misma pena que el anterior.

ACUSADOS POR LOS ECOLOGISTAS

Juan Cánovas (ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura). Seis años de cárcel por un delito contra el medio ambiente.

Antonio Nieto (ex presidente de la CHS). Seis años de cárcel por el mismo delito

José Alemán (comisario de aguas de la CHS). La misma pena que el anterior.

Luis Pérez (comisario de aguas de la CHS, ya fallecido). La misma pena que el anterior.

Pedro González García (empresario). Un año de cárcel por un delito contra el medio ambiente.

Juan González García (empresario). La misma pena que el anterior.

Joaquín Canales (industrial). Seis meses por un delito contra el medio ambiente.

Martín Peral (industrial). Ocho meses por un delito contra el medio ambiente.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 2 de octubre de 2007

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