La juez ve delito de torturas en la actuación de 13 funcionarios de prisiones de Barcelona

Trece funcionarios de prisiones de Quatre Camins, entre ellos el entonces director de la cárcel y el subdirector médico, están a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. El Juzgado de Instrucción número 3 de Granollers (Barcelona) considera que podrían haber cometido un delito de torturas y otro de lesiones el 30 de abril de 2004, cuando supuestamente propinaron palizas a un grupo de presos por un motín en el que fue herido el subdirector de régimen interno.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Granollers acusa de los supuestos delitos de torturas, además de a 11 funcionarios, al entonces director de la cárcel, Diego Enríquez Vázquez (relevado a los cuatro meses por la Generalitat), y a Xavier Martínez Redondo, que era subdirector médico de Quatre Camins y que fue despedido al poco tiempo. Éste recurrió por la vía judicial, fue readmitido, y actualmente está en la cárcel de Ponent (Lleida). El ex director ocupa un cargo de responsabilidad en la Comisión Territorial de Asistencia Social Penitenciaria.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 1 de mayo de 2004, horas después de que hubiera un motín en el que participaron 77 presos, y en el que resultó herido muy grave el subdirector Manuel Tallón. Al cabo de unas horas, un grupo numeroso de funcionarios decidió dar un escarmiento a los presos por la agresión a Tallón, según han relatado los reclusos ante el juez. Los presos fueron sacados para ser trasladados a otras prisiones, y en el trayecto supuestamente les propinaron todo tipo de golpes con una gran virulencia.

El Departamento de Justicia expedientó de manera cautelar a un grupo de funcionarios, al considerar que 28 presos podrían haber sufrido malos tratos. Pero luego cerró el asunto, a sabiendas de que había un procedimiento penal en marcha. Tampoco llevó el caso al juez, sino que lo envió a la fiscalía para que decidiera qué hacer.

Más de tres años después, el Juzgado de Granollers ha concluido la investigación iniciada tras las denuncias de un grupo de internos. La juez considera que los hechos pueden ser delictivos y ha dictado un auto para que las acusaciones particulares y el fiscal le soliciten la apertura de juicio oral o que se practiquen nuevas pruebas.