Condenan al consistorio de Jaén a demoler una obra de su arquitecto

El Ayuntamiento de Jaén ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a demoler parcialmente el ático construido por Francisco Javier Campos López, el jefe del área de arquitectura de la Gerencia de Urbanismo. El anterior gobierno municipal, del PP, amparó durante ocho años la ilegalidad del empleado público, ya que la obra vulneraba lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La sentencia del TSJA, que confirma una anterior del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Jaén, es consecuencia de la denuncia interpuesta por Jesús Alba y María del Mar Aguilar, un matrimonio que lleva ocho años padeciendo un auténtico calvario psicológico.

En 1999 adquirieron un ático en el residencial Triunfo de la avenida de Granada. Poco después detectaron que encima de su vivienda -según el plano y el contrato de compra-venta debía ser la última planta- se estaban levantando otras edificaciones por la promotora, Vado Lerín, cuyo representante y copropietario, Francisco Javier Campos es el arquitecto municipal de Jaén. Él y su hermano se iban a beneficiar de estas nuevas viviendas.

Al confirmar que esa obra era ilegal por hacerse sin licencia y al margen de la normativa urbanística, que sólo autorizaba siete plantas, el matrimonio denunció los hechos ante el ayuntamiento, entonces gobernado por el PP. Sin embargo, antes de dar contestación a su denuncia, el Consistorio aprobó un reformado del proyecto original que legalizaba la edificación del arquitecto municipal, que permaneció en situación de excedencia laboral mientras se construyó la obra.

Fue ahí cuando Jesús Alba y María del Mar Aguilar decidieron acudir a los tribunales y denunciaron por delito urbanístico al ayuntamiento y como codemandada a la promotora de la que es copropietario el arquitecto municipal. En 2003, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Jaén les dio la razón y ordenó la demolición de los 114 metros cuadrados de dos áticos construidos de manera ilegal.

El Ayuntamiento y la promotora recurrieron la sentencia ante el TSJA que, en enero, confirmó el fallo. Sin embargo, antes de las pasadas elecciones municipales, el equipo de gobierno del PP planteó un incidente de imposibilidad de ejecución de la sentencia, alegando que el nuevo PGOU, que está en proceso de revisión, iba a dar cobertura legal a la edificación denunciada.

En mayo, el juez instó a las partes a una salida negociada, pero ante la falta de acuerdo se ha fijado una vista para hoy en el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Jaén para determinar la viabilidad de la ejecución. La diferencia sustancial es que la responsabilidad de la demolición de la vivienda recae ahora en el nuevo gobierno municipal, compuesto por PSOE e IU. Los demandantes aseguran que no buscan "ninguna indemnización" sino que "se haga justicia". Alba y Aguilar dicen que han sufrido "numerosas presiones y amenazas" durante el proceso.