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"Entregué 30.000 euros en negro en la sede de Construcuatro a un empleado"

Otros compradores de pisos protegidos pagaron a intermediarios de la promotora de Telmo Martín

"Unos días antes de escriturar la compra en el notario, me citaron en la sede de Construcuatro, en Pontevedra, para que entregara los 30.000 euros que habíamos apalabrado en una cita anterior, y así hicimos". Pedro Brites, un manipulador de pescado de 31 años, evoca el proceso que le llevó a pagar en negro la citada cantidad como condición para hacerse con el piso que había elegido, un noveno, del edificio Castelao, en el polígono vigués de Navia, construido por Construcuatro, empresa de la que Telmo Martín, portavoz del PP en Pontevedra, posee el 33%. "Como yo, todos", afirma.

El edificio Castelao fue el primero que se construyó en el polígono de Navia, donde está previsto edificar 8.000 viviendas protegidas. No ocupa la parcela que inicialmente le fue asignada a la constructora de Telmo Martín, en la que sólo podría construir 46 viviendas. Al estar ésta ocupada por una colonia gitana, cuyo desalojo se presentaba problemático, Construcuatro pudo ejercer sus derechos constructivos en la primera línea de la calle Teixugueiras, la principal de polígono. Aquí pudo ganar alturas y ampliar la promoción a 96 viviendas. Hace dos años que el edificio Castelao está acabado.

"Nos interesó el sitio y pasamos por la oficina de Construcuatro en Vigo. Allí nos metieron en la lista de peticionarios y quedaron en avisarnos con lo que fuera", recuerda Pedro Brites. "El año pasado nos llegaron rumores de que no les interesaba vender las viviendas, que iban a dedicar todo a alquiler".

En diciembre, sin embargo, Brites y su esposa reciben de Construcuatro aviso de que está abierto el proceso de venta. "De repente les entró mucha prisa. Nos dijeron que teníamos que formalizar la compra antes de fin de año, para entregarnos el piso en marzo, y a nosotros nos puso realmente contentos, porque pudimos elegir piso y el precio nos pareció excelente, 23,5 millones de pesetas".

Unos días después, "cuando ya estábamos con los dientes largos", Pedro Brites es convocado de nuevo a la sede pontevedresa de Construcuatro. "Me dicen que la Xunta no les deja vender a lo que les gustaría y que con el precio que nos han dado, la empresa pierde dinero, de manera que, si seguíamos interesados en el piso, tendríamos que aportar una cantidad a mayores y en negro". Exactamente, en su caso, novena planta y con mucha luz, serían 30.000 euros.

La tarifa en negro se fijaba en función de la planta en que se ubicara el piso -a más altura, más cantidad- y de la luz exterior que recibiera. Brites conoce algunos casos de vecinos que pagaron 41.000 euros, "pero creo que se debe a que pagaron no a la empresa, sino a intermediarios que aumentaron su parte".

El 26 de diciembre, unos días antes de escriturar la compraventa en el notario, Pedro Brites entregó sus 30.000 euros a un empleado de Construcuatro en la sede de la empresa en Pontevedra. "Pagamos porque el piso sigue siendo barato para los precios de mercado en Vigo; en total estamos hablando de 30 millones de pesetas por 90 metros cuadrados, que no lo encuentras en ningún sitio de la ciudad".

Cuando en marzo pudieron ocupar la vivienda les decepcionó un poco. "Estaba sin los acabados, todo con el yeso y escayola a la vista, los armarios sin cajoneras..." La constructora no asumió mayor obra sobre lo ya realizado, ni en su casa ni en ninguna otra, y tampoco se ha prestado a subsanar deficiencias ostensibles en muchas viviendas, singularmente humedades, que ahora los compradores reclaman.

A Pedro Brites y su esposa volvió a encendérseles el piloto rojo en mayo. El mismo empleado de Construcuatro que le había atendido en las anteriores ocasiones, le citó a otra entrevista, pero esta vez no en las oficinas de la constructora, sino en el peaje de Pontevedra de la autopista AP-9. "Allí me dice que les han denunciado, pero que yo no tendré problema ya que 27.000 de mis 30.000 euros ya estaban blanqueados. ¡Y a mí, qué!, le digo. Pretendía que yo, si me llamaba el juez, declarara que los 30.000 euros eran para pagar mejoras en el piso, cuando ni siquiera nos arreglaban las humedades. Yo diría la verdad, eso le dije".

Nadie convocó ninguna reunión de comunidad: hay compradores vinculados a la constructora que actuarían de chivatos. Pero el buzoneo y otras prácticas semiclandestinas pusieron en danza a los vecinos. A las dos denuncias iniciales, que pusieron en marcha la investigación judicial, se sumaron otras dos, y los cuatro fueron quienes agitaron el cotarro. Ahora son 22 los denunciantes, "pero se sumarán más".

Sólo están sin vender los ocho áticos y hay bastantes pisos aún sin ocupar. Los denunciantes descartan la menor intencionalidad política en su proceder, aunque deploran las respuestas de Vivenda a sus demandas. Subrayan la precariedad económica de muchas de las familias que han pagado el sobreprecio. Brites, sin cargas familiares y la ayuda de su mujer, se siente un privilegiado: gana limpios 800 euros al mes y paga de hipoteca menos de 500 euros.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 29 de septiembre de 2007