López denuncia que el proyecto del Gobierno vasco vuelve a la política de frentes y es ilegal

Los planes del lehendakari, Juan José Ibarretxe, de consultar a la sociedad vasca en octubre de 2008 chocaron ayer de frente con los dos principales partidos de la oposición en Euskadi. El PSE y el PP advirtieron al presidente de que en ningún caso le acompañarán en una hoja de ruta que supone un "desafío totalitario a la democracia española", según la popular María San Gil, o que implica un "conflicto" y una vuelta a la "política de frentes" ya ensayada con el rechazado plan Ibarretxe, en palabras del líder de los socialistas vascos, Patxi López. Tras conocer los planes "autodeterministas" de Ibarretxe, López recalcó que ahora entendía la decisión de Josu Jon Imaz de renunciar a la presidencia del PNV.

López se mostró tajante en su intervención en la Cámara al rechazar los planes del lehendakari, primero por ser una consulta "ilegal" abocada al "fracaso" y, segundo, porque en lugar de construir el futuro de Euskadi desde un acuerdo entre diferentes, ahonda en la "división y el enfrentamiento".

El líder socialista leyó incluso párrafos del artículo de Imaz No imponer, no impedir, publicado en julio pasado, en el que el aún presidente peneuvista advertía de las consecuencias "diabólicas" que tiene el plantear una consulta con ETA atentando. A Ibarretxe le molestó esa referencia y en la réplica respondió con enfado que López "nunca llegará a [tener] la altura política" del líder peneuvista. "Usted no llega a la zapatilla de ningún socialista vasco", le espetó López después en su último turno de palabra.

El dirigente del PSE reiteró, como ya hizo Imaz tras el fracaso del proceso para el final de la violencia, que la prioridad absoluta cuando ETA ha vuelto a matar es la "acción policial y la deslegitimación social y política de su entorno", pues lo demás es voluntarismo. A lo que el líder socialista añadió la "unidad democrática" frente a la banda.

López enfatizó que los planes del presidente vasco vienen ligados a sus "obsesiones identitarias y autodeterministas", ya rechazadas por el Congreso el 1 febrero de 2005, cuando dijo no al plan Ibarretxe, bajo cuya bandera la coalición PNV-EA perdió 140.000 votos en las elecciones autonómicas de ese mismo año.

Tanto el PSE como el PP, que también dejaron espacio para las críticas mutuas, reprocharon a Ibarretxe haber olvidado una de las premisas básicas con que se presentó a esos comicios y que luego plasmó en el acuerdo del actual Ejecutivo tripartito: que la consulta sólo se celebraría en ausencia de violencia. "¿Qué está queriendo decir, que hay que olvidarse de todo esto [del terrorismo], de las escoltas, de las amenazas, de los atentados, para dedicarnos a lo suyo, como si aquí no pasara nada?", le preguntó López.

El duro discurso de San Gil hizo mella en el lehendakari, que en su réplica calificó de "deplorable" y "falta de respeto" que la popular hubiese afirmado: "Si ETA no existiera, usted no sería lehendakari". "No me insulte", le contestó Ibarretxe. "A mí me votaron representantes del país legítimamente elegidos (...) y descender al insulto es descender a los infiernos".

La líder popular no ahorró calificativos para despreciar el plan del presidente vasco: "Desafío totalitario", "oxígeno al terrorismo" o "radicalidad autodeterminista". Desde el tremendismo político, San Gil, en su primer debate tras superar un cáncer, dibujó los planes de Ibarretxe, que incluyen una consulta para el 25 de octubre de 2008, casi como una "alocada carrera a la radicalidad". En un discurso construido en buena parte sobre titulares de periódicos, como le reprochó el lehendakari, la presidenta del PP vasco aseguró que dicha consulta "da la razón a ETA, 40 años después y casi 1.000 muertos" a manos de los terroristas.

Hasta cinco veces utilizó el concepto "ofensiva nacionalista" para describir la hoja de ruta dibujada por Ibarretxe, plan al que contrapuso la Constitución y el Estatuto de Gernika. Y reiteró que su formación seguirá defendiendo la legalidad, la convivencia y la pluralidad y que el PP garantiza el Estado de derecho.