La Xunta amenaza al Gobierno central para impedir los parques eólicos en el mar

La Xunta dio ayer un nuevo paso en su pugna competencial con el Estado en materia de energía eólica y plantó cara al Gobierno central reclamando las competencias para autorizar la instalación de parques eólicos en aguas costeras. El Consello aprobó un requerimiento de incompetencia para pedir al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que corrija el decreto en el que se atribuye la localización de aerogenedores en el mar. Gobierno gallego, PP, PSdeG y BNG son contrarios a estas instalaciones, muy codiciadas por las empresas del sector.

El requerimiento, aprobado por la Xunta a instancias del vicepresidente Anxo Quintana, es una fórmula legal que mantiene abierta la posibilidad de alcanzar una solución política negociada. Si los dos gobiernos no llegan a un acuerdo, el paso siguiente será un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.

El Gobierno gallego quiere que el Estado modifique el decreto con el que el pasado mes de julio reguló el procedimiento de autorización de parques eólicos en el mar porque no lo considera "respetuoso con el esquema constitucional y estatutario de distribución de competencias". Galicia argumenta que el Estatuto le atribuye la autorización de las instalaciones eléctricas y que el propio decreto del Gobierno central ya advierte que supone "una nueva redistribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas".

La Administración central fundamenta su normativa en la ubicación en el mar territorial así como en la potencia instalable, superior a los 50 megavatios. Pero la Xunta sostiene que ni la situación en el mar ni la potencia son criterios constitucionales de distribución de competencias.

Detrás de la pugna entre los gobiernos de Emilio Pérez Touriño y José Luis Rodríguez Zapatero se esconde el interés de las empresas de producción de energía eólica por hacerse con concesiones marítimas. El Gobierno central es favorable a este tipo de instalaciones pero no la Xunta ni el conjunto de las fuerzas políticas gallegas. De hecho, el Parlamento de Galicia aprobó hace casi un año una resolución unánime en contra de la instalación de parques eólicos en el mar. PP, PSdeG y BNG argumentaban entonces que podrían tener efectos negativos para los sectores pesquero y marisquero.

Un estudio del Gobierno central sobre las áreas potencialmente más valiosas en este campo incluyó en su día un sector de la costa de Lugo y el litoral pontevedrés que separa Baiona de la frontera portuguesa. La instalación de aerogeneradores en el mar, una realidad en países como Holanda y el Reino Unido que empieza a tomar forma en algunos puntos de la costa andaluza, resulta muy apetitosa para las empresas del sector. Aunque la creación de estos parques es más cara que en tierra, resultan más rentables porque los vientos en el mar garantizan una producción sostenida de energía.

La instalación de aerogeneradores en la costa gallega se enfrenta además a la dificultad de que la plataforma marítima de Galicia es muy pequeña, lo que haría muy visibles los parques desde tierra firme.

Si la Xunta pierde la batalla competencial, es muy improbable que el Gobierno central conceda autorizaciones para parques eólicos marítimos en Galicia sin su consentimiento, entre otras razones porque necesitaría el visto bueno de las consellerías de Medio Ambiente, Pesca e Industria.

Relevo en Exteriores

En la misma sesión del Consello, la Xunta aprobó también el cese, a petición propia, de Santiago Gómez-Reino como secretario general de Relacións Exteriores. Su puesto permanecerá vacante a la espera de ser ocupado, a finales del próximo mes de octubre, por Julio César Fernández Mato, en la actualidad agregado laboral de la Embajada de España en Brasil.

El Gobierno aprobó también el anunciado nombramiento de la diputada socialista María José Porteiro como responsable de la delegación de la Xunta en Buenos Aires que el presidente Emilio Pérez Touriño inaugurará la semana próxima.

El Ejecutivo aprobó además los currículos de las enseñanzas profesionales y elementales del régimen especial de música, así como una inversión de seis millones para construir en Abegondo los nuevos laboratorios agrarios de Galicia.