Carmen Franco admite la ilegalidad de un muro de hormigón levantado en el Pazo de Meirás en 2004

Con tres años de retraso y en medio de la polémica que le enfrenta a la Xunta por negarle la entrada al Pazo de Meirás, Carmen Franco Polo reconoció ayer la ilegalidad de unas obras que encargó en 2004 para consolidar uno de los muros que encierran la emblemática propiedad enclavada en el municipio coruñés de Sada. La hija del dictador, en un escrito presentado ayer en este ayuntamiento, admite que el citado cierre se hizo con hormigón y "se encuentra sin forrar de piedra", un requisito exigido en la licencia municipal que le fue concedida para la reparación de ese muro.

"Es de interés de esta propiedad restablecer el orden alterado, procediendo cuanto antes a la finalización de las obras", promete Carmen Franco en su respuesta escrita a la decisión del ayuntamiento, hace 20 días, de incoar un expediente a los descendientes del Caudillo para que repongan la legalidad urbanística que infringieron al ejecutar esas obras de consolidación del muro. Su acabado exterior debería ser de "mampostería de piedra", como exige la licencia municipal que obtuvieron en 2004. La propia Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta, en una resolución dictada hace también tres años, había determinado la misma exigencia para autorizar esas obras, recordando que el pazo está clasificado como suelo rústico de patrimonio cultural y que debe someterse a determinadas restricciones para su conservación y rehabilitación.

El acabado de hormigón de ese muro de piedra que encierra la ancestral propiedad regalada al dictador en 1938, en plena Guerra Civil, siempre fue puesto como ejemplo de la necesidad de reforzar la protección de un pazo construido por encargo de la escritora Emilia Pardo Bazán en el XIX. Los herederos de Franco negaron en agosto a los técnicos de la Xunta la entrada al pazo para determinar la posibilidad de declararlo Bien de Interés Cultural (BIC), lo que obligaría a darle un mínimo uso público. La Consellería de Cultura está a la espera de que un juez de A Coruña autorice esa inspección para decidir la declaración BIC. Ésta obligaría a los Franco a abrir al público el pazo durante cuatro días al mes.