El fuego de la injuria

El comportamiento de los dos encapuchados que el pasado día 13 quemaron una fotografía de los Reyes con ocasión de su visita oficial a Girona merece un reproche, pero en ningún caso una condena penal. Y lo mismo cabe decir de los participantes en las protestas del sábado pasado, en las que se volvió a prender fuego a la imagen de los monarcas en protesta por la comparecencia judicial de uno de los implicados del primer episodio, para quien el juez Pedraz decretó libertad sin medidas cautelares.

La orden cursada por el juez Grande-Marlaska a los Mossos y a la Policía Nacional para que identifiquen a los autores de estos últimos incidentes abunda en la línea de lo que pretenden los autores: prolongar indefinidamente la escalada entre sus provocaciones y la respuesta judicial, con la esperanza de convertir la sanción de un acto incívico en la persecución de una opción política. Una vez más queda patente que el mantenimiento del delito de injurias en el Código Penal parece crear más problemas de los que resuelve, sobre todo cuando se pone en relación con la Corona y se recurre a él con la frecuencia y la facilidad de los últimos tiempos.

Deberían ser los partidos políticos los encargados de reprobar conductas como las de Girona y otros lugares de Cataluña y del resto de España, evitando transmitir la impresión de que la jurisdicción penal constituye el único y el más apropiado ámbito de respuesta a unos comportamientos reprobables. No es de recibo que ERC -o, al menos, alguno de sus más destacados dirigentes- señale la desproporción en la que incurriría un tribunal condenando en vía penal a los responsables de la quema de las fotografías y, al mismo tiempo, se muestre condescendiente hacia los alborotadores. De igual manera, el Partido Popular comete un nuevo exceso al decir que la Generalitat está propiciando "un país donde la policía no defiende la ley y el Estado de derecho".

Desde el secuestro de la revista satírica El Jueves, la fiscalía viene utilizando el margen de discrecionalidad del que dispone en favor de una sobreprotección penal de la Monarquía. Lejos de favorecer la estabilidad de la institución, puede generar reacciones adversas, bien porque acabe convirtiéndola en el campo de batalla preferente para las reivindicaciones independentistas, bien porque los ciudadanos perciban que el Rey y su entorno reciben un tratamiento privilegiado frente a los excesos de la prensa o de la lucha política.

El argumento de que transigir hoy puede agravar la situación mañana parte de una falsa premisa: no emprender la vía penal no es transigir. El Estado democrático no está en peligro porque unos encapuchados quemen la fotografía del jefe del Estado; estará en peligro si, al perseguir penalmente esa acción, los alborotadores consiguen su propósito de amparar bajo la bandera de la libertad, la de expresión o la de la nación que invocan, una burda provocación callejera.