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La Fiscalía del Estado alerta de la propagación del 'efecto Marbella' por el urbanismo andaluz

Uno de cada cinco alcaldes de la provincia de Málaga tiene denuncias por delito urbanístico

Recalificaciones irregulares de parcelas, permutas de terrenos municipales a la baja, licencias de obras en fincas no urbanizables. El desorden urbanístico que ha caracterizado a Marbella se ha extendido a otras localidades costeras y del interior de Málaga, según la Fiscalía General del Estado, hasta el punto de que 20 alcaldes malagueños tienen al menos una denuncia por delitos contra la ordenación territorial. La última memoria del ministerio público alerta de que el "efecto Marbella" se ha extendido a otras provincias como Cádiz, donde las casas ilegales sirven para blanquear dinero del narcotráfico y donde se ha constatado un "significativo aumento" de los delitos de prevaricación urbanística por parte de autoridades y funcionarios municipales.

Arquitectos y peritos emiten certificados con fecha falsa para que prescriban los delitos

En los despachos de los fiscales de Málaga se amontonan carpetas sobre irregularidades que siguen "más o menos la forma de operar que es conocida en Marbella" y que implican "una importante variedad de sujetos delictivos", según la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2006. Estas causas se refieren principalmente a localidades costeras en las que el turismo es la principal fuente de ingresos.

La Fiscalía de Málaga tramitó en 2006 un total de 243 denuncias por delitos urbanísticos. El ministerio público subraya el protagonismo de la administración local en el desorden urbanístico. Veinte de los 100 alcaldes de la provincia de Málaga han sido denunciados al menos una vez por infracciones contra la ordenación del territorio. Además, de las 243 denuncias presentadas en 2006 en Málaga, 66 se dirigían contra Ayuntamientos, según la Fiscalía. Manilva, la última localidad costera, limítrofe con Cádiz, encabeza esta clasificación con diez denuncias, seguida de Marbella, con siete. También figuran otras localidades costeras como Estepona, Torremolinos, Rincón de la Victoria o la propia Málaga capital, que suma tres denuncias. La mayoría de estas denuncias se refieren a supuestos casos de prevaricación urbanística.

Los casos de localidades del interior están ligados a particulares que construyen viviendas unifamiliares en zonas no urbanizables, normalmente en pleno monte. En estos supuestos la Fiscalía malagueña tiene la impresión de que los Ayuntamientos "no ejercen con la debida diligencia sus facultades inspectoras a nivel urbanístico". De esta apreciación se libra el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, del que la Fiscalía destaca "la cantidad de denuncias realizadas"

Además, en numerosas poblaciones se han producido denuncias contra corporaciones municipales enteras por la concesión de licencias municipales de obras contra los informes de sus propios técnicos y por el acuerdo entre responsables políticos y técnicos. La Fiscalía destaca los casos de Archidona, Villanueva del Trabuco, Istán, Alhaurín de la Torre, Casares o Tolox. En este último municipio, de 2.336 habitantes, el juez ha paralizado la construcción de 15 promociones con 2.000 viviendas y ha imputado un delito contra la ordenación del territorio a su alcalde, el andalucista Juan Vera.

"Son pocos los municipios que por un motivo u otro no han sido denunciados, lo que da una idea de la magnitud y complejidad del problema que está desarrollando el problema urbanístico, en particular en la provincia de Málaga", concluye la memoria. Una de las razones que se esgrimen para explicar estos comportamientos es que "el urbanismo se ha convertido en el mayor aporte financiero de los municipios".

La Fiscalía de Cádiz, que el año pasado abrió 77 diligencias de investigación, siete más que en 2005, por supuestos delitos contra la ordenación del territorio, también vislumbra el efecto Marbella en su provincia. De hecho, en todos los partidos judiciales gaditanos se han registrado denuncias por delitos contra la ordenación territorial. En 2006 ha comenzado a detectar la construcción de promociones ilegales para blanquear dinero procedente del narcotráfico, confiados en que estas conductas queden impunes. Otra forma de delincuencia detectada en Cádiz ha sido la entrada en juego de algunos arquitectos técnicos y peritos que han emitido informes o certificados falsos en los que dan cuenta -previa entrega de un dinero pactado- que una obra tiene más de cuatro años de antigüedad para que las irregularidades prescriban.

En Sevilla, las investigaciones abiertas por delitos contra la ordenación del territorio se han triplicado en el último año. De las 100 diligencias incoadas en 2005, se ha pasado a 353 durante 2006. Pese a que los desmanes urbanísticos del Aljarafe son los que más trascienden a la opinión pública, el mayor número de diligencias en Sevilla se concentran en la Sierra Norte y la Sierra Sur, también por construcción en suelo no urbanizable.

En Granada, se han abierto 56 diligencias de investigación penal, la mayoría de ellas por construcciones ilegales, sobre todo en la turística costa de Almuñécar y en el partido judicial de Motril.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 24 de septiembre de 2007