"La situación urbanística en Cádiz, fuera de control"

En el apartado referido al urbanismo y la ordenación del territorio, la Fiscalía General del Estado se hacía eco de la "magnífica memoria" presentada por el fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, Ángel Núñez. Según este representante del ministerio público, los ataques a la legalidad urbanística son tantos y tan graves que "no resulta exagerado calificar la situación -que es enormemente preocupante- como de fuera de control". Núñez destaca que "todo sucede sin que las administraciones a quienes corresponde velar por la disciplina urbanística ejerciten de la forma que sería de desear las funciones que les atribuye el ordenamiento".

El fiscal subraya el incremento de investigaciones por supuestos de prevaricación urbanística en los que aparecen implicados autoridades y funcionarios públicos. Estos delitos se concretan en dar informes favorables o conceder licencias de obra contrarias al planeamiento vigente. Según Núñez, el planeamiento urbanístico se está convirtiendo en "un mero instrumento de regularización" de las infracciones ya cometidas.

El fiscal detecta la extensión de una práctica puesta en marcha por el supuesto cerebro de la trama de corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca. Se trata de la "torticera utilización del silencio administrativo como instrumento para conceder licencias manifiestamente ilegales".

Núñez cree que el hecho de que no se demuelan las construcciones ilegales "fomenta la convicción de que, una vez finalizada la construcción, se van a poder legalizar las irregularidades en todos los casos". Esta "sensación de impunidad" provoca dos efectos perversos: por un lado, los dueños de viviendas ilegales se han constituido en "grupo de presión" para obtener cambios en los planes urbanísticos que legitimen sus casas. Por otro, la falta de demoliciones produce un "efecto llamada para nuevas construcciones ilícitas".

La "ineficacia de la Administración" hace que muchos delitos no lleguen siquiera a conocimiento de la Fiscalía, lo que está generando "bolsas de impunidad", según Núñez. El fiscal reclama en su informe que los juzgados y tribunales decreten el derribo de las casas contrarias al planeamiento. "Si los tribunales penales no ordenan la demolición, vista la proverbial falta de eficacia de la Administración en el ejercicio de las competencias de disciplina urbanística, ¿no se está permitiendo que el infractor consolide definitivamente los efectos del delito?", se pregunta.