Los apagones que sean culpa de Fecsa no podrán durar por ley más de dos horas

Las averías eléctricas en las localidades catalanas con más de 20.000 puntos de suministro deberán haberse reparado en un 90% al cabo de dos horas. Y, transcurridas cuatro, el 100% de los afectados deben tener el problema resuelto. Es una de las medidas que incluye la nueva Ley de Garantía y Calidad del Suministro Eléctrico en Cataluña, que mañana aprobará el Consell Executiu. La nueva ley da dos años a las compañías eléctricas para que adapten sus instalaciones a la nueva exigencia que se introduce en la misma ley: que todos los clientes puedan ser alimentados por más de una subestación eléctrica. La Generalitat abordará en breve con Endesa el número de nuevas subestaciones que habrá que construir y su coste.

Las nuevas exigencias sobre la reposición del servicio se limitan a las incidencias que sean culpa de la compañía distribuidora. Quedan fuera de ellas las averías por causa de fuerza mayor -un temporal inusitado, por ejemplo- o por daños causados por terceros. El plazo máximo de las dos horas alude a las llamadas zonas urbanas, que son las que tienen más de 20.000 clientes y las capitales de provincia. La normativa actual sobre los índices de calidad del servicio, actualizada el pasado mes de abril, fijaba un máximo de cinco horas de interrupción media al año para estas zonas urbanas.

En las zonas de entre 2.000 y 20.000 puntos de suministro, el nuevo límite será de cuatro horas para que el 90% de los abonados recupere el suministro. Y, en las zonas rurales, será de seis horas.

La ley obligará a rediseñar la red para garantizar que cada cliente dependa de una subestación en condiciones normales, pero que, en caso de necesidad, tenga asignada otra subestación que le alimente. Eso significa mallar la red, tal como está diseñada en otros lugares como la Comunidad de Madrid, e implica que las subestaciones se conecten con otras subestaciones de su entorno. Hoy, más de la mitad de los abonados de Barcelona dependen de una única subestación, según la Generalitat.

Fuentes de Fecsa-Endesa se muestran quejosas con la medida, pero antes de salir con críticas esperan a que se concrete. "Podría significar duplicar el número de activos", advierten. La Dirección General de Energía de la Generalitat descarta que sea necesario duplicarlos.

Compra de activos a REE

Otra de las medidas con relación al diseño de la red abre la vía a que Endesa deba comprar activos a Red Eléctrica (REE), responsable de la red de transporte. Y es que la Generalitat aprovechará sus nuevas competencias en materia de energía para proponer que las empresas distribuidoras sean dueñas de los cables soterrados de 220 kilovoltios (kV) que hagan funciones de distribución, así como de sus subestaciones subsidiarias. Con ello, busca la ventaja operativa de que todas las instalaciones con funciones de distribución estén en las mismas manos. En 2003, Endesa, al igual que Unión Fenosa, vendió a REE sus activos de transporte. En Madrid, parte de las instalaciones han sido revertidas a Fenosa. Con la nueva ley, ocurrirá lo mismo con Endesa en Cataluña.

Por otra parte, la ley prohibirá una situación que se daba en la subestación donde se inició el incidente que dejó parte de Barcelona a oscuras el pasado 23 de julio, la de Collblanc. Queda prohibido que haya cables sobrevolando una subestación eléctrica si son de tensión inferior a la del parque que sobrevuelan. Esta circunstancia se da también en Sant Andreu.

Las nuevas subestaciones, que ahora no están obligadas a contar con transformadores de reserva, sí los deberán tener a partir de ahora, en una cantidad que equivalga al 30% de la potencia total de la instalación.

El refuerzo de las inspecciones periódicas de la red que deben realizar las empresas, y también de los controles de las inspecciones realizadas, es otro de los flancos por los que se intentará mejorar el servicio.

A las empresas se les amontonará el trabajo porque deberán elaborar varios planes: uno de mantenimiento de las instalaciones de transporte y de distribución para garantizar su buena conservación. Otro para prever qué hacer en caso de "incidencias de gran alcance". Otro quinquenal con previsiones de gastos, financiación y todo lujo de detalles, que podrá además ser corregido por el Gobierno catalán (aún no se le exigirá que cumpla con la doble alimentación, porque construir una subestación lleva un año, más los tiempos de tramitaciones, que a menudo se alargan y ahora quieren acortarse). Habrá, por último, y antes del 15 de octubre, un plan de inversiones anual.

En adaptación a la ley eléctrica estatal, las sanciones a las compañías se multiplicarán por 10, y oscilarán entre los 600.000 euros en caso de sanción leve hasta los 30.000 millones en el caso de infracción muy grave.