La justicia chilena extradita a Fujimori a Perú

En un fallo considerado histórico y sin precedentes internacionales, la Corte Suprema chilena resolvió ayer extraditar a Perú al ex presidente Alberto Fujimori para que los tribunales peruanos lo juzguen por siete delitos -uno de violación de derechos humanos por las matanzas de 25 personas en Barrios Altos y La Cantuta y otros seis casos de corrupción de los que está acusado- cometidos durante su Gobierno entre 1990 y 2000. Apenas conocida la decisión, los presidentes de Chile y Perú, Michelle Bachelet y Alan García se reunieron con sus respectivos ministros, en el primer caso para disponer el rápido envío de Fujimori y en el segundo para recibirlo. Bachelet informó del fallo a García y le explicó como será el traslado de Fujimori.

Aunque el tratado de extradición entre ambos países permite un plazo de hasta tres meses, todo estaba preparado anoche para una entrega rápida. Las autoridades chilenas tenían previsto trasladar a Fujimori hasta el aeropuerto de Santiago y embarcarlo en un avión de la policía (en un vuelo que tendrá una duración de unas cinco horas) hacia Arica, localidad situada a 15 kilómetros de la frontera peruana, donde se realizará la entrega.

El juez instructor, Orlando Álvarez, dictó por la mañana el "cúmplase" de la resolución y un funcionario judicial de rango menor, Eduardo Löbel, notificó su extradición a Fujimori en la lujosa residencia que tiene alquilada en un condominio de Santiago, donde se encontraba bajo arresto domiciliario. Fujimori acatará el fallo y su defensa no presentará recursos judiciales que sólo podrían dilatar el cumplimiento de un dictamen inapelable, afirmó uno de sus abogados. La cancillería chilena entregó una copia del fallo a la Embajada de Perú en Santiago y dio las instrucciones a la Interpol para el traslado del ex gobernante.

En sus primeras declaraciones después del fallo, Fujimori afirmó que su objetivo al llegar por sorpresa a Chile en noviembre de 2005, fue reducir los 40 delitos judiciales que enfrentaba a 13, por lo que debía hacer una escala antes de llegar a Lima. "Entiendo que las demás acusaciones quedan sin efecto (...). Voy con un escudo legal". Agregó que la extradición es una "oportunidad de retorno" en su objetivo de reencontrarse con su pueblo.

Respecto a Vladimiro Montesinos, el que fuera jefe del servicio de inteligencia bajo su mandato, encarcelado desde 2001 por organizar la mayor red de corrupción que haya existido nunca en Perú, Fujimori dijo: "El servicio de inteligencia fue criticado, pero en la lucha contraterrorista tuvo un papel preponderante para encontrar información y hacer seguimiento a los terroristas". Y añadió: "Asumo que hubo fallos, pero creo en el proceso y vamos a demostrar que actué correctamente".

Los cinco magistrados de la sala penal del Tribunal Supremo chileno votaron de forma unánime a favor de extraditar a Fujimori en los casos de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y en el de los pagos a parlamentarios para comprar sus votos y adhesiones, conocido como el caso de los congresistas tránsfugas. En los otros casos, entre ellos uno de desaparición forzada de tres personas en el que se rechazó la extradición, la votación fue dividida.

La resolución demolió el fallo de primera instancia del juez Álvarez, que había rechazado extraditar al ex gobernante, a pesar del informe previo a favor de la fiscal.

Por las acusaciones de homicidio calificado, lesiones y secuestro en los 25 crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, cometidos por el Grupo Colina, un escuadrón represivo que estaba bajo sus órdenes, Fujimori se enfrenta a condenas de hasta 25 años de cárcel. En 1991, en Barrios Altos, agentes de este grupo irrumpieron en una fiesta de vecinos y mataron con disparos a 15 personas, entre ellos un niño de ocho años. Un año después, miembros de este grupo detuvieron y asesinaron después a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta, ocultando sus restos.