Londres exige un trato preferencial en asuntos de Justicia e Interior para aprobar el Tratado de la UE

La reforma del Tratado de la Unión Europea vuelve a estar en el alero. Las rebajas acordadas en el Consejo del pasado junio siguen siendo insuficientes para el Reino Unido. Londres exige seguir manteniendo un trato especial y privilegiado en los asuntos de Justicia e Interior. El jurisconsulto del Consejo, Jean-Claude Piris, decidió ayer suspender la reunión de los expertos, que debía resolver las diferencias, pasados cinco minutos ante la amplitud de las discrepancias, según una fuente próxima a las negociaciones. El premier británico, Gordon Brown, presionado con la amenaza de un referéndum, quiere que el Tratado de la UE tenga el perfil más bajo posible.

Los planes de la presidencia portuguesa de acordar el Tratado en la cumbre del próximo 18 de octubre en Lisboa y firmarlo en la misma ciudad a principios de diciembre están llenos de incertidumbres. Además de las exigencias británicas, existen temores fundados de que Polonia insistirá de nuevo en sus reivindicaciones a última hora, como ya es habitual.

Los juristas volverán a reunirse en Bruselas el próximo martes, pero cada vez se ve más urgente la necesidad de que intervengan los políticos al más alto nivel. Si no hay acuerdo serán los ministros de Exteriores el 15 de octubre o los jefes de Estado, el 18, quienes deberán desenredar la madeja.

Los problemas con el Reino Unido se suscitan porque con el nuevo Tratado muchos asuntos de Justicia e Interior se acodarán por mayoría cualificada en lugar de por unanimidad, y podrán ser objeto de control por el Tribunal Europeo de Luxemburgo. Londres, que no firmó el acuerdo de Schengen (eliminación de controles fronterizos) pero sí ciertos desarrollos del mismo, quiere que en estas materias la mayoría cualificada sólo se aplique a los nuevos asuntos, pero no en el desarrollo de acuerdos vigentes del pasado, como por ejemplo la euroorden.

Los británicos desean también seguir aceptando según les convenga (opting in) los desarrollos de ciertos aspectos de Schengen, como la cooperación policial, y desligarse de los que no les interesa (opting out). El particularismo británico ha tropezado con el rechazo de 12 países (entre ellos España, Francia y Holanda) que exigen acabar con este "picoteo". Alberto Navarro, secretario de Estado de Relaciones con Europa, manifestó a este diario que "España no aceptará de ninguna manera un Schengen a la carta para el Reino Unido".

Por su parte, el eurodiputado Enrique Barón, que junto a los parlamentarios Elmar Brok y Andrew Duff representa al Parlamento Europeo en las negociaciones del Tratado, ha señalado que "no se puede consentir la situación que se está dando en el Parlamento Europeo, en que los diputados británicos votan asuntos que afectan a los ciudadanos de otros países pero no a ellos, porque son leyes que no se aplican en su país". Barón insiste en que el Reino Unido al menos debería dejar la puerta abierta para que exista la posibilidad de incorporar los nuevos acuerdos cuando se produzca una coyuntura más favorable.