Las diez exageraciones del PP sobre Zapatero

El Consell reclamó ayer por registro de entrada al Ministerio de Economía 500 millones de euros adicionales de inversión en los Presupuestos del Estado de 2008, para adecuar el esfuerzo de la Administración central al peso de la población valenciana en el conjunto de España. Es el último episodio de un discurso elaborado por el PP durante casi una década para convencer a los electores de que el PSPV no defiende los intereses de los valencianos y Zapatero y su Gobierno marginan a la Comunidad Valenciana. Financiación, infraestructuras, seguridad y agua son los cuatro ejes sobre los que el Consell y el PP han elaborado campaña como "las 10 traiciones de Zapatero" a los valencianos o "los 1.000 agravios de Zapatero".

En febrero pasado, el PP cifró el coste de los agravios en 13.000 millones -el equivalente a un presupuesto íntegro de la Generalitat-. Ahora la cifra ofrecida es de 30.000 millones y sigue creciendo. A continuación se detallan las principales quejas del Consell y el PP, la argumentación del Gobierno y el PSOE y el estado actual de las diferentes cuestiones:

- Financiación. La Generalitat reclama al Gobierno que la

financiación estatal sea acorde al peso de la población actual, lo que supondría entre 400 y 500 millones de euros adicionales al año en transferencias estatales. El Gobierno socialista argumenta que la inversión por habitante ha aumentado un 60% (de 226 a 357 euros de media) en la Comunidad Valenciana entre la última legislatura de Aznar y la de Zapatero. La realidad es que las reformas estatutarias de Cataluña, especialmente, Andalucía y Baleares condicionando la inversión estatal de los próximos años han creado agravios. El PP de Camps se negó a incluir ninguna referencia explícita a la financiación como sí hicieron los populares de Andalucía y Baleares y ahora reclama una revisión en el sistema de financiación autonómica. Un sistema aprobado por Aznar y Zaplana que tiene como base la población de 1999 y que fija condiciones muy difíciles para su actualización. El PSOE no acepta abrir las negociaciones para reformar el sistema hasta después de las generales.

- Seguridad ciudadana. El Consell exige al Gobierno que se amplíe en 2.000 el número de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. También reclama que se amplíe a 1.000 el número de policías transferidos a la Generalitat.

El Gobierno asegura que ha incrementado en 1.869 el número de agentes y que alcanzará la cifra de 2.000 en breve, con independencia de los refuerzos puntuales de verano, eventos, etc.

La Policía Autonómica tiene ahora 392 policías nacionales transferidos. En 2002, el jefe del Consell José Luis Olivas y el entonces ministro de Interior Ángel Acebes pactaron elevar los 250 efectivos a 500.

- Infraestructuras. Gracias a esta partida el PP ha duplicado el coste de los supuestos agravios cometidos por Zapatero contra la Comunidad Valenciana. Inicialmente, el Consell centraba su reivindicación en la línea de AVE, de la que dice que no se ha hecho ni un kilómetro. Ahora incluye en el paquete de agravios el aeropuerto de Castellón -competencia de la Generalitat- y la ampliación del puerto de Valencia -que el PP ha aceptado retrasar por exigencias de la 33 Copa de la América-. También incluye en el coste de la marginación, el retraso en la construcción y mejora de las autovías prioritarias y las adecuaciones de las líneas de cercanías de Renfe. El Gobierno asegura que la inversión en infraestructuras en la Comunidad Valenciana ha pasado de los 1.500 millones de euros en la última legislatura de Aznar a los 3.140 en esta.

El AVE con Madrid, a excepción de los remates de entrada a Valencia y Alicante está todo en ejecución. Igual que la ampliación de L'Altet. La ampliación de Manises está recién inaugurada y se prevé otra ampliación.

Carreteras es la partida más retrasada. El convenio entre Fomento y Camps, de 2005, preveía una inversión de 5.000 millones de euros hasta 2010, con actuaciones que estaban pendientes desde 1995 y que no va al ritmo de ejecución previsto.

- Agua. La reivindicación estrella del PP, y la bandera de enganche del resto de agravios, es el derogado trasvase del Ebro. Al que posteriormente se ha sumado la demanda de que se mantenga el trazado inicial, ya descartado por el Gobierno, del trasvase Júcar-Vinalopó que tomaba el agua del curso medio del río en vez de la desembocadura, como finalmente se hará.

El Gobierno arguye que los 350 hectómetros cúbicos previstos para la Comunidad Valenciana en el trasvase del Ebro (de un total de 1.050 previstos hasta Almería) se han conseguido ya con la puesta en marcha de la ampliación de la desaladora de Alicante y San Pedro del Pinatar (Murcia) -a las que se unirán Torrevieja, Dénia, Alicante, Oropesa, etc.)- y medidas de depuración y modernización de regadíos. El Consell también asegura que también ha conseguido 350 hectómetros cúbicos adicionales de agua con modernización de regadíos y depuración.

El Consell aseguró que se iba a perder la financiación europea para los trasvases del Ebro y del Júcar al Vinalopó, aunque sólo tenía aprobada una subvención de 80 millones para este último. El Gobierno ha logrado 120 millones de la UE para el nuevo trazado del Júcar-Vinalopó. El suministro de agua potable no se han resentido por la sequía, y a los agricultores se les ha compensado.

- Sanidad. El Consell aumenta la cantidad que reclama al Gobierno a medida que crece el padrón. Según el PP, 2006 acabó con 740.000 nuevos valencianos respecto al censo de 1999, utilizado para calcular la financiación sanitaria. Esta semana ya eran 808.000 y, por tanto, el coste de la marginación estatal había pasado de los 773 millones de euros del primer semestre a los 843 de este segundo. El Consell reclama también 200 millones extra por atender a miles de turistas españoles en verano.

El Gobierno socialista asegura que ha transferido 603 millones de euros de financiación adicional para la sanidad.

La realidad es que el padrón utilizado en la última revisión de la financiación sanitaria fue el de 2004 y no el de 1999 que utiliza el PP para sus cálculos. Sin embargo, el Consell argumenta con razón que el Gobierno socialista da cifras que incluyen el dinero adicional junto a importantes adelantos sobre participación en impuestos.

- Educación. La Generalitat reclama 500 millones para financiar la aplicación de la Ley Orgánica de Educación. Una cantidad que recientemente ha subido hasta 1.000 millones por el coste que genera la inmigración. El Gobierno replica que ha aportado 19 millones por este concepto y otros 48 para la gratuidad del segundo ciclo de educación infantil, además de aumentar un 50% las becas. El debate, sin embargo, se centra en las trabas a la aplicación de la asignatura Educación para la Ciudadanía.

- Bienestar social. Populares y socialistas andan a la greña por el reparto del coste de la ley de Dependencia y la agilidad en la puesta en marcha que requiere una evaluación de las minusvalías que es competencia del Consell. El PP acusa al Gobierno de financiar algo más del 20% del coste de la atención y el PSOE asegura que Administración central y autonómica van al 50%.

Ambos tienen parte de razón, porque hay una partida al 50% por discapacitado y otra que se reparte en función de criterios como la dispersión del territorio, insularidad, superficie, que el PP cree que perjudicará a la Generalitat.

- Inmigración. El PP reclama al Gobierno de Zapatero 100 millones de euros para atender en primera instancia a los inmigrantes sin recursos. El PSOE dice que Aznar sólo destinó en su último año de mandato 741.000 euros para la integración de los inmigrantes en la Comunidad Valenciana y que Zapatero destina ahora 37 millones anuales.

- Copa del América. El PP reclama al Gobierno 1.000 millones de euros de inversión de la celebración de la Copa del América. El Consell sólo le reconoce a Zapatero el pago del canon, una inversión de 65 millones en la nueva terminal de Manises, 12 en promoción y 12 en el parador de El Saler. No contabiliza ni el crédito de 500 millones para las obras del puerto de Valencia, ni el coste de la seguridad, ni las desgravaciones fiscales del Estado. El Gobierno se queja de que ha asumido la mayor parte del coste de la organización del evento mientras que el protagonismo lo han asumido Camps y Barberá.

- Agricultura. El PP responsabiliza al Gobierno de la mala situación del sector por no defender en las OCM los intereses valencianos en Bruselas. Las competencias agrarias son del Consell.