El retraso medio en las obras públicas es de dos años y medio, según CiU

Todo es un desastre y hay cosas que van aún peor. Éste es el retrato que hace CiU de la situación de las obras públicas en Cataluña. No importa que dependan del Gobierno central o de la Generalitat, el resultado siempre es "la desidia y el retraso". Tanto es así que el retraso medio del conjunto de obras viarias y ferroviarias es de dos años y medio, según afirmaron Josep Rull, diputado y responsable del área de Infraestructuras en el grupo parlamentario, y el portavoz del mismo, Felip Puig.

Hay cinco causas para que los retrasos se acumulen, explicó Rull. La primera, las discrepancias en el seno del tripartito. Ejemplos: el Cuarto Cinturón y el túnel de Bracons. La segunda razón es la constante reforma de los proyectos. Ocurre esto en la línea 12, en el Eix del Llobregat y en Ferrocarrils de la Generalitat, en Terrassa. Sobre la línea 12, el diputado omitió decir que todo lo que dejó CiU fue un dibujo presentado en campaña electoral e incluido con calzador en un plan de infraestructuras en el que tenía mayoría.

El tercer motivo para que se produzcan retrasos es la deficiencia en las obras, que hace que sufran graves percances. Ejemplos de ellos, dijo Rull, son el hundimiento del túnel del Carmel y el de muelle Prat, en el puerto de Barcelona. Hay una cuarta causa: la mala gestión de las obras y la lentitud en las tramitaciones. Esto afecta, sobre todo, dijo, a los trabajos que debe efectuar el Gobierno central, con el añadido de que el Gobierno catalán carece de energía para hacer frente al problema.

El quinto motivo de los retrasos es la "incapacidad" del tripartito para dirigir las obras y efectuar el seguimiento pertinente. Ejemplos de esto son las ampliaciones de las líneas del metro, y especialmente, las líneas 5 y 9. Y a mayor abundamiento, Rull añadió: "Hoy, ninguna de las tres tuneladoras de la línea 9 se halla operativa. Y en lo que va de enero a junio, en una obra de más de 40 kilómetros, se han perforado 749 metros".

Para acabar con el desastre, Puig y Rull ofrecieron al tripartito "un pacto nacional sobre infraestructuras" que incluya la creación de una comisión de seguimiento que analice la evolución de las obras con una frecuencia no superior a los tres meses.

Contra el peaje

Puig citó otro de los casos que, en su opinión, se eternizan debido a la pasividad de los dos gobiernos, en general, y del tripartito, en particular: la ampliación de la AP-7 en la zona de Tarragona. Las obras, que según la empresa empiezan ya, supondrán una reducción de la velocidad hasta un máximo de 80 kilómetros en los puntos donde se esté trabajando. Para Puig, el asunto es claro: si la concesionaria no da el servicio completo y los conductores no pueden ir a la velocidad prevista en una autopista, no deberían pagar o debería pagar menos. Ni el Ministerio de Fomento ni el Gobierno de la Generalitat comparten esta tesis. Tanto el secretario de Estado Víctor Morlán como el Secretario de Movilidad, Manel Nadal, descartaron que sea adecuada la reducción del peaje y, menos aún, su supresión durante el periodo de obras.