El ex alcalde Manzano asegura que ningún asesor municipal vetó la venta de la funeraria

José María Álvarez del Manzano, alcalde de Madrid por el PP entre 1991 y 2003, declaró ayer como testigo en una nueva sesión del juicio por la presunta venta irregular del 49% de las acciones de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios (la funeraria municipal), en 1992. El antiguo regidor aseguró que tanto el entonces secretario general del Ayuntamiento, José Mario Corella, como el interventor municipal, Vicente Ar-nau, nunca pusieron "ningún tipo de impedimento legal" a la privatización de la funeraria. Según dijo, ambos funcionarios tenían poder para vetar la venta, y no lo hicieron. Puntualizó que, de haber contado con el rechazo de Corella y Arnau, "la operación no hubiera seguido adelante". Sin embargo, la semana pasada el interventor municipal declaró en el juicio que él había redactado un informe contrario a la venta. "Mis opiniones no fueron tenidas en cuenta. Privatizaron la funeraria por 100 pesetas y no me consultaron", aseguró.

El juicio por el 'caso Funeraria' se celebra desde hace cuatro meses

Álvarez del Manzano admitió conocer ese informe, pero lo tachó de "confuso" y "contradictorio", por lo que lo desestimó. El fiscal le preguntó por qué y el antiguo alcalde respondió: "No me acuerdo". Adujo, como ha sido habitual entre algunos acusados y testigos durante el juicio del caso Funeraria, el paso del tiempo: "Después de 15 años no recuerdo los informes". El ex primer edil insistió en que la valoración del informe "no se correspondía con la contabilidad de la empresa".

El 49% de la funeraria se vendió a precio de saldo, 0,60 euros (100 pesetas de 1992), a cambio de que el comprador asumiera la deuda de 2.274 millones de pesetas (13,6 millones de euros) que arrastraba el monopolio del Ayuntamiento. Sin embargo, esa condición previa se canceló dos meses después de la privatización (aprobada el 22 de diciembre de 1992). El Ayuntamiento se la perdonó a la empresa compradora, Funespaña.

El juicio por el caso Funeraria se celebra en la Audiencia Provincial desde hace cuatro meses. En el banquillo se sientan nueve personas, entre las que se encuentran el ex teniente de alcalde Luis María Huete y los entonces concejales Simón Viñals (Sanidad y Consumo) y Antonio Moreno (Patrimonio). Igualmente está acusado José Ignacio Rodrigo, encargado de asesorar al Consistorio sobre la privatización y después presidente de Funespaña. Se enfrentan a un total de 82 años de prisión, acusados de prevaricación, malversación de fondos, alteración de precios, tráfico de influencias y falsedad documental. Durante su comparecencia en la Audiencia Provincial, Álvarez del Manzano explicó los motivos por los cuales se decidió privatizar la Empresa Mixta, muy endeudada pese a ocuparse, en régimen de monopolio, de los entierros de los residentes en la ciudad. "Existía una gran preocupación porque la gestión no era la adecuada", justificó el ex alcalde. Es el mismo argumento que ya utilizaron los concejales del PP acusados. Según Álvarez del Manzano, el Consistorio decidió "acudir a una financiación externa para hacer frente a la situación económica". El ex alcalde aseguró que "no hubo un afán de privatizar en el sentido de hurtar competencias, sino que se trataba de resolver un problema económico". Simplemente, dijo, les pareció "un momento adecuado".

Álvarez del Manzano salió en defensa de los acusados que formaban parte de su equipo municipal (Huete, Viñals y Simón). Aseguró que todas las decisiones de la privatización se tomaron de manera conjunta en las reuniones previas a los plenos municipales. A preguntas sobre si sus compañeros concejales le informaron de la operación, Álvarez del Manzano respondió: "Todo eso constituía un conjunto de acciones de la gestión municipal y los temas se estudiaban conjuntamente". Añadió que por eso estuvo al corriente de las características del pliego de condiciones para el concurso como de las tres empresas que se presentaron, de las cuales dos de ellas "no cumplían los requisitos". A la pregunta de si fue Huete quien fijó el precio, el ex alcalde respondió: "Supongo que fue así".