Los malabarismos de CiU con la "expropiación" de pisos vacíos

Los negociadores del Pacto Nacional y la Ley del Derecho a la Vivienda llevan tantos meses redactando y recontrarredactando artículos que los textos casi podrían ver la luz en forma de sonetos. Las partes buscan aproximarse en cuestiones que tanto unos como otros consideran irrenunciables, y ahí entra en escena la imaginación.

Para muestra, el botón que encalla desde hace meses la negociación entre el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda y CiU: el alquiler forzoso de viviendas vacías que prevé el artículo 42.6 de la ley y que el partido de la oposición exige que se retire para sumarse al Pacto por la Vivienda. El Gobierno considera la medida uno de los puntales de la ley, y CiU considera su retirada uno de los puntos irrenunciables. ¿Solución? Redactados alternativos que contenten a los dos.

El vaivén de papeles está servido desde hace días. Fuentes de CiU próximas a la negociación explican que han cambiado la expresión "expediente de expropiación", un término que consideran negativo y punitivo, por "expediente de conciliación", que habría que desarrollar en el reglamento, en el artículo citado.

En el tira y afloja, CiU acepta "que se haga ver al propietario de un piso vacío en un entorno donde hay mucha necesidad que éste incumple su función social y que se podría pactar un precio de alquiler", explican fuentes del partido. Incluso estarían dispuestos a incluir medidas de presión a los propietarios como la reducción de beneficios sociales, "pero de penalizar o expropiar, ni hablar". "No está claro que [el departamento] quiera eliminar la amenaza, se lo están pensando", indican las mismas fuentes. El Gobierno mantiene silencio sobre las negociaciones.

CC OO cuestiona la ley

Pero el intercambio de papeles no acaba entre el Departamento y CiU. El sindicato CC OO discutió ayer sobre los textos en su comisión ejecutiva y al finalizar recordó que cuestiona su adhesión al pacto al texto definitivo de la ley. El sindicato considera "aspectos principales" de la ley el plazo de cualificación de las viviendas protegidas -nunca menor de 30 años, sostienen-; que las adjudicaciones de pisos protegidos -incluso si se han levantado en suelo privado- se hagan al 100% a través de una lista única, y exigen garantías de que el alquiler forzoso de pisos vacíos no "caerá" de la ley. La secretaria de Acción Socioeconómica de CC OO, Dolors Llobet, aseguró ayer tener "confirmación de palabra" por parte del consejero Francesc Baltasar de que cumplirán con las dos primeras condiciones.