Toda la oposición guipuzcoana pide explicaciones a la Diputación por el menor maltratado

Todos los partidos de la oposición en las Juntas Generales de Guipúzcoa reclamaron ayer la comparecencia en el Legislativo provincial de la diputada de Política Social, Maite Etxaniz, de EA, para que explique la actuación de la institución foral en el caso del menor cuyos padres han sido condenados a seis años de cárcel por maltratarle y abusar sexualmente de él. La sentencia dictada por la Audiencia Provincial reprueba de forma explícita la actuación de la Diputación por no haber separado antes de su familia al niño y a su hermana pequeña.

El tribunal considera acreditado que los padres, ahora divorciados, golpearon al niño múltiples veces. Explica que "desde su primera infancia y en reiteradas ocasiones", el pequeño vio a sus padres mantener relaciones sexuales y "participó" en ellas con "tocamientos" de su padre. En el caso de la niña, los progenitores han quedado absueltos por falta de pruebas.

La sentencia especifica que la voz de alarma saltó en febrero de 1995, cuando el niño no llegaba a los dos años. El pediatra constató que tenía hematomas y comunicó los hechos a la Diputación. Los servicios sociales forales iniciaron entonces un programa de intervención con la familia para "eliminar la situación de maltrato" y "mejorar las habilidades parentales". Sin embargo, días después de empezarlo, los padres volvieron a golpear al pequeño. La familia fue "dada de alta" en mayo de 1997. Apenas dos días después, el menor sufrió "una crisis convulsiva con pérdida de conciencia" mientras se encontraba en el colegio.

Críticas al juzgado

Ya en 1999, y visto el comportamiento anómalo del niño en la escuela, la Diputación volvió a trabajar con la familia en un programa de intervención. Ante la respuesta "negativa", puso en marcha en 2002 un protocolo para deficiencias parentales prolongadas. Debido a "la gravedad de la crisis de la pareja y su repercusión negativa" en sus hijos, desvió a los menores a un acogimiento residencial durante un mes. En abril de 2003, la madre firmó la cesión formal de la guarda de ambos pequeños a favor de la institución foral.

El tribunal critica a la Diputación porque "durante ocho años implementó de forma discontinua programas de intervención", durante los cuales, "a pesar del riesgo de que sufriera vejaciones, mantuvo en el núcleo familiar al menor", quien todavía hoy arrastra problemas psicológicos.

El director de Infancia y Juventud de la Diputación, José Ignacio Insausti, defendió ayer la actuación de su departamento y arremetió contra los juzgados. Recordó que fue una entidad concertada con la institución foral la que interpuso en abril de 2003 la denuncia correspondiente. Y censura al juzgado por no establecer medidas cautelares. En cualquier caso, admitió que este caso debe servir para "mejorar" la práctica de los Servicios Sociales forales.