Reescribir la transición

Desde hace ya cierto tiempo, y al margen de la historiografía, dos relatos sobre la transición española de la dictadura a la democracia han ido ganando una notable difusión pública y una apreciable aunque desigual aceptación. Por una parte, desde algunos sectores políticos e intelectuales críticos con la realidad sociopolítica actual se ha ido perfilando un relato que da cuenta de un proceso absolutamente determinado por unos omnipresentes y omnipotentes poderes fácticos -nacionales e internacionales- y caracterizado por la debilidad, las renuncias o la traición de la oposición democrática. En tal proceso estaría el origen de muchos de los males políticos actuales, y por ello se sostiene la necesidad de una "segunda transición" que corrija los defectos de la primera y resuelva definitivamente los problemas supuestamente pendientes. Algunos incluso han afirmado que la actual democracia es, en esencia, una continuación del franquismo y que, en efecto, todo quedó "atado y bien atado" como sostuvo el Caudillo. Y para demostrar inapelablemente lo anterior, nada mejor que recurrir al mantenimiento de la forma monárquica de gobierno establecida por Franco y a la continuidad en la jefatura del Estado de su sucesor. Al parecer, para quienes sostienen tal argumentación, es irrelevante que la monarquía configurada en la Constitución de 1978 nada tenga que ver con la monarquía "del 18 de julio", aunque probablemente les parecería un descomunal despropósito considerar que la república portuguesa democrática es una continuación del salazarismo puesto que la Revolución de los Claveles no comportó un cambio en la forma de gobierno.

Alianza Popular, de la que procede el PP, defendía la continuidad de las ideas del régimen

Pero hay un segundo relato mucho más potente política y mediáticamente que, paradójicamente, alimenta al anterior: es el de los que hoy se presentan como los artífices del establecimiento de la democracia en España, apropiándose incluso de la Constitución y otorgándose la potestad de señalar quién es "constitucionalista" y quién no lo es, cuando, contrariamente, en su día defendieron la continuidad del franquismo más o menos reformado, obstaculizaron en todo lo posible el avance del proceso de cambio político e incluso algunos rechazaron, en todo o en parte, la Constitución finalmente aprobada.

Cuando la tergiversación alcanza extremos como los que pueden leerse en una reciente entrevista a Manuel Fraga (EL PAÍS, 12-8-2007), es necesario recordar que, hasta la muerte del dictador, la inmensa mayoría de la clase política franquista rechazó frontalmente la sustitución de la legalidad y de las instituciones de la dictadura por un nuevo ordenamiento democrático. Unos, y por cierto no poco numerosos, se oponían a cualquier "apertura" o reforma, aunque fuera limitada, y propugnaban una defensa "con uñas y dientes" del "régimen del 18 de julio" tal como estaba configurado. Otros muchos consideraban, resignadamente, que era inevitable una reforma del régimen, para superar la crisis y estabilizar la situación política; pero estaba muy claro que lo que proponían era una reforma del régimen y no un cambio de régimen.

El proyecto político del Gobierno presidido por Carlos Arias Navarro, con Manuel Fraga como vicepresidente para Asuntos Políticos y ministro de la Gobernación, obedecía a tal planteamiento de continuismo reformista, lo que comportó a los seis meses de su constitución que su absoluto fracaso resultara inapelable. A pesar de utilizar una retórica democrática -como el franquismo llevaba ya mucho tiempo haciendo-, el Gobierno no logró el más mínimo crédito de ningún sector de la oposición democrática, ni siquiera entre los más moderados. Con Adolfo Suárez en la presidencia del gobierno, y con la manifiesta voluntad democratizadora del rey Juan Carlos, fue creciente el número de franquistas que gradualmente acabaron convenciéndose, en un contexto de movilización popular muy notable, de que no era posible estabilizar la situación social y política solamente con cambios en el régimen, y debía aceptarse ir hacía un cambio de régimen. Pero otros muchos se negaron a dar ese paso, entre ellos los que acabarían formando Alianza Popular -la fuerza política de la que procede el actual Partido Popular-, aunque finalmente no tuvieran más remedio que ir adaptándose al avance de los cambios.

El manifiesto fundacional de Alianza Popular, de octubre de 1976, se iniciaba con una abierta crítica al Gobierno de Suárez por las "excesivas concesiones a actividades revanchistas, erosionantes de la paz y el orden y disgregadoras de la unidad nacional", rechazaba frontalmente "un periodo constituyente de carácter rupturista" y se presentaba como una fuerza que defendería unas ideas "basadas en la continuidad perfectiva y en la reforma responsable". Además, quienes seguían identificándose con el régimen dictatorial proclamaban su oposición a la legalización de "quienes no respetan las reglas del juego democrático", comunistas, separatistas y terroristas, lo que en el lenguaje político franquista incluía a buena parte de las fuerzas democráticas. Poco después, en el debate en las Cortes de la Ley para la Reforma Política, los procuradores adscritos a Alianza Popular intentaron modificar el proyecto gubernamental para limitar hasta donde fuera posible el alcance de los cambios iniciados.

En el primer congreso, celebrado en marzo de 1977, Manuel Fraga afirmó: " se niega a aceptar la voladura de la obra gigantesca de los últimos cuarenta años". Y pocas semanas más tarde, cuando el Gobierno decidió la legalización del PCE, condición indispensable para culminar el proceso hacia unas elecciones aceptadas como legítimas, AP calificaría tal decisión como un "verdadero golpe de Estado, grave error político, farsa jurídica y quiebra a la vez de la legalidad y la legitimidad".

Tras las elecciones del 15 de junio de 1977, AP no tuvo más remedio que aceptar el proceso constituyente que se iniciaba. Paradójicamente, Manuel Fraga acabaría convirtiéndose en "padre de la Constitución" por su participación en la ponencia que la redactó en representación de un grupo político que había rechazado claramente tal opción. En definitiva, buena parte de los miembros de la clase política franquista, unos antes y otros después, haciendo de la necesidad virtud, acabaron aceptando la democracia, lo que fue sin duda positivo para el país. Pero que hoy sean presentados como sus artífices resultaría simplemente esperpéntico si no contribuyera a la mixtificación de un proceso costoso y complejo que permitió alcanzar, y consolidar por primera vez en España, una imperfecta democracia.

Carme Molinero y Pere Ysàs. Centre d'Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica, CEFID-UAB