El Gobierno compensa a Cataluña con 826 millones más este año para cumplir el Estatut
Cataluña obtendrá finalmente más inversiones del Gobierno central para sus maltrechas infraestructuras: 826 millones de euros adicionales sólo este año. El Ejecutivo catalán arrancó ayer un acuerdo al Gobierno central que concreta y amplía los criterios relativos a inversión en infraestructuras hasta el año 2013, un pacto que afecta incluso a los Presupuestos de 2007, aprobados hace un año. Entonces, el vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, cifró en 3.195 millones las inversiones destinadas a Cataluña, más otros 250 millones en infraestructuras ferroviarias. El nuevo cálculo asciende a 4.271 millones, el 24% más.
La Generalitat se asegura un nivel de ejecución mínimo de las inversiones presupuestadas, equivalente al menos a la media realizada en los dos últimos años
La comunidad catalana debería haber percibido 4.021 millones, más 250 millones de inversiones de Renfe en 2007, en lugar de los 3.445 millones que obtuvo
La metodología pactada ayer entre Solbes y Castells amplía el concepto de infraestructuras a las agrícolas, energéticas, tecnológicas e industriales
El Gobierno pactó ayer con el Ejecutivo catalán -con varios meses de retraso- la metodología para calcular las inversiones del Estado en las infraestructuras de la comunidad, prevista en el Estatuto. También su traducción en dinero.
En los presupuestos de 2007, la cifra ascendía a 3.445 millones, procedentes de las áreas de Fomento y Medio Ambiente. La nueva metodología incluye además partidas destinadas a agricultura e industria, energía, investigación y desarrollo, pymes, comercio y turismo, con lo que la cifra aumentará en 826 millones para este año, hasta 4.271 millones. En realidad, la cifra pactada para 2007 asciende a 4.021 millones, pero a esa cuantía se le deben añadir los 250 millones de inversión de Renfe en Cataluña que el Ejecutivo catalán ya sumó el año pasado para sacar pecho y poder decir que se cumplía el Estatuto, a falta de tiempo para pactar cómo debía aplicarse.
Ese incremento se abonará "en breve" -fuentes conocedoras de las negociaciones aseguran que en dos años-, afirmó el ministro de Economía, Pedro Solbes, quien destacó que las nuevas reglas del juego "tienen vigencia hasta 2013" y acabarán así con el "regateo" en el que se han convertido las negociaciones sobre esta partida de los presupuestos. El consejero de Economía, Antoni Castells, se mostró satisfecho por el pacto alcanzado.
Castells subrayó que el acuerdo supone una revisión "significativa" de los datos de este año -esos 826 millones adicionales- y el establecimiento de una serie de cláusulas de garantía. Entre éstas, destacó "un nivel de ejecución mínimo de las inversiones presupuestadas", una de las grandes demandas del Gobierno autónomoante las bajas cifras de ejecución de los últimos años. La Generalitat se ha asegurado que el Gobierno central ejecute, al menos, la inversión media realizada en la comunidad en los dos últimos años.
Con los nuevos criterios pactados, las inversiones para Cataluña en los presupuestos de 2008 podrían rondar los 4.550 millones de euros, incluida la partida de 250 millones de Renfe, según algunas fuentes. Tras el acuerdo, Solbes explicó que es hora de pasar "del teatro a la prosa". "Hay que dejar de hablar de números y empezar a discutir sobre problemas reales: cómo y, sobre todo, dónde hay que invertir en el futuro", dijo. Castells, por su parte, aludió a que el pacto alcanzado supone "reconocer que Cataluña tiene un déficit excesivo" en materia de infraestructuras, que se compensará "con un esfuerzo excepcional" hasta 2013. Implícitamente, el consejero destacaba que en esta ocasión no es aplicable el café para todos, aunque otras comunidades han incluido también aspectos relacionados con las inversiones en sus estatutos.
El acuerdo acerca posturas en el seno del tripartito y eleva las demandas de CiU
El acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat sobre el método de cálculo de la disposición adicional tercera del Estatuto ha contribuido a acercar posturas entre los tres socios del Ejecutivo catalán, cuyos máximos responsables estuvieron en todo momento al corriente de las negociaciones entre el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, y el consejero de Economía, Antoni Castells. El Consell Executiu de hoy ratificará el acuerdo.
- ERC. El portavoz parlamentario de ERC, Joan Ridao, dijo que una cifra de inversiones en torno a los 4.000 millones de euros sería "considerable" y admitió que se producen acercamientos a las tesis de Esquerra. Ridao aseguró que su partido da prioridad a que haya mecanismos que garanticen el cumplimiento de las inversiones por encima de la cuantía final.
- ICV. El presidente de ICV y consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, avanzó que su partido asume por completo el acuerdo, que calificó de "satisfactorio".
Con todo, ambas formaciones quisieron dejar claro que una cosa es cómo se aplica el Estatut y otra muy distinta la postura de cada uno de ellos en el conjunto de los presupuestos del Estado, que se deben cerrar esta semana.
- CiU. El portavoz del grupo parlamentario, Felip Puig, eludió valorar el acuerdo, pero advirtió de que "para el año 2008 haría falta una inversión que no estuviese por debajo de los 5.800 millones de euros", incluidos los 826 millones de euros pactados ayer.
Ensalada de cifras para empezar el curso político
El batiburrillo de cifras relativas a la inversión en infraestructuras es fenomenal. Y se repite indefectiblemente en cada presentación de presupuestos. En los de 2007, presentados el 26 de septiembre del año pasado, las cosas se complicaron aún más por las condiciones que establecía el Estatuto catalán. Aquel día, Pedro Solbes salió por la mañana con un dato -3.195 millones de euros para Cataluña- que desató las iras de Convergència i Unió (CiU) e incluso en las filas del propio tripartito, y que permitía al vicepresidente lidiar con las críticas del PP y de otras comunidades autónomas.
Pero los presupuestos escondían una partida de 250 millones adicionales para las redes de cercanías y el tren de alta velocidad (AVE) de Renfe, que totalizaban 3.445 millones. El consejero Antoni Castells se aferró entonces a esa cifra para asegurar que el Estatuto se cumplía "escrupulosamente", pese a que meses más tarde explicó que no aceptaría esos criterios "restrictivos" de inversión en los años sucesivos. Tanto la Cámara de Comercio de Barcelona como los partidos catalanes hicieron entonces sus propios números, y en todos los cálculos aparecían inversiones por un montante superior. En los más optimistas, en torno a los 3.800 millones de euros.
El pacto alcanzado ayer entre Solbes y Castells desenterró ese baile de cifras. Si se toman como inversión del Estado en Cataluña para 2007 los 3.195 millones (sin la partida ferroviaria), los nuevos criterios sitúan esa cifra en 4.021 millones de euros. Fuentes conocedoras de las negociaciones, avanzan una inversión para 2008 de alrededor de 4.300 millones de euros (sin la partida de Renfe).
LA HABILIDAD DE ANDALUCÍA
El Estatuto catalán estableció que la inversión en infraestructuras del Estado en Cataluña debe ser equivalente al peso del PIB catalán en el conjunto de la economía española, que hoy es del 18,8%. El problema ha sido definir qué se consideraba inversión y qué infraestructura.
El Estatuto andaluz, en cambio, fija que la inversión del Estado será equivalente al peso de su población en el conjunto de España, hoy del 17,8%. Andalucía sortea la restricción que el Gobierno ha utilizadao para Cataluña porque ha eliminado el término infraestructuras: tiene en cuenta la inversión real del sector público estatal.
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