Cercanías en disputa
El anuncio del Gobierno de traspasar los servicios ferroviarios de Cercanías a todas las comunidades que lo soliciten ha abierto un frente inesperado. Los sindicatos de Renfe e, insólitamente, del gestor de infraestructuras Adif han anunciado la convocatoria de una huelga porque los traspasos pueden afectar a "la seguridad y a la calidad" del transporte. La movilización prevista para el 25 y 26 de septiembre, y para el 1, 2, 11 y 15 de octubre, deja traslucir el temor a perder derechos adquiridos, al pasar a depender estos servicios de las comunidades autónomas. El pretexto de la seguridad y la calidad suena a ironía para, por ejemplo, el sufrido usuario del área metropolitana de Barcelona, que ha vivido un infernal año con retrasos, colapsos e incluso convoyes detenidos dentro de túneles durante horas.
Con la experiencia autonómica del traspaso de funcionarios de sanidad, enseñanza o justicia resulta poco pertinente y, desde el punto estrictamente ciudadano, incomprensible esa movilización en contra de que las autonomías se hagan con la gestión de Cercanías. Los funcionarios, por supuesto, pero también los trabajadores de los servicios públicos, deben ser escrupulosamente respetuosos con las decisiones emanadas de los poderes democráticos. La negociación de condiciones forma parte del necesario diálogo social. Pero, en cualquier caso, la desobediencia con la extorsión de la huelga no es de recibo. Aunque la actitud de los trabajadores no es nueva. Ya hubo una fuerte oposición hace unos meses a la decisión del Gobierno de llevar a Barcelona la sede de la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones. En aquella ocasión se aducían problemas de traslados personales que ahora, en este caso, en el que se teme la pérdida de derechos, no existen. También en aquella ocasión la oposición aprovechó irresponsablemente la oportunidad para atizar los fantasmas entre autonomías, algo que no debería volver a repetirse.
La actitud del Gobierno central no ayuda demasiado a que la medida de descentralizar Cercanías sea vista con transparencia. A la promesa inicial de transferirlas a las comunidades que lo pidiesen se ha añadido ahora la coletilla de que conste en su Estatuto de Autonomía. Pues bien, a Madrid se le han puesto pegas al traspaso cuando su texto estatutario -el artículo 26.1- considera las Cercanías como competencia exclusiva. La proximidad electoral no es buena consejera para hacer las cosas bien. Y el Gobierno se ha precipitado al decir que quiere extender al resto de España lo que pide Cataluña. El Ejecutivo de Zapatero parece haberse dejado llevar más por el interés en preservar su voto no catalán, para evitar el eslogan sobre "el chantaje", que por una idea clara sobre dónde debe residir la gestión de los servicios de Cercanías.
