Lo privado en Internet

El buscador Google ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para la elaboración de una norma que garantice la privacidad del internauta y, al mismo tiempo, no bloquee los negocios basados en el intercambio de información. Google plantea un problema importante y común en el planeta de Internet. Al mismo tiempo, lo hace en un momento particularmente delicado para la empresa. Ha tenido que dar explicaciones a distintas autoridades, como la Unión Europea, sobre su política de privacidad, y está pendiente del análisis administrativo, en Estados Unidos y Europa, de lo que supone su compra de DoubleClick, la gran compañía de publicidad en línea, no sólo en poderío mercantil sino en acceso a información sobre los consumidores.

El derecho a la intimidad está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero, lamentablemente, esta declaración sigue siendo impunemente ignorada por muchos Gobiernos, y sus redactores, en 1948, no pudieron contemplar los nuevos escenarios de la era digital. La propia ONU promovió una cumbre mundial en 2006 sobre la sociedad de la información, cuyo texto final sólo alcanza a "exhortar" a Gobiernos, empresas y ciudadanos a proteger los datos personales mediante leyes o "el intercambio entre las empresas y los usuarios de mejores prácticas". El catálogo de documentos llamando a las buenas conductas en Internet es tan extenso como inútil. Google propone inspirarse en una serie de principios elaborados en el marco de la organización económica de cooperación de Asia-Pacífico (APEC). Sus enunciados tienen una lógica aplastante. Pero estos grandes principios son papel mojado en varios países del área.

La proclamación, y acatamiento, universal de unos patrones de conducta es la solución ideal, pero la historia demuestra la dificultad del empeño. Por otra parte, las empresas en Internet se encuentran con una enorme variedad de territorios jurídicos con distintos criterios y exigencias. Lo que supone incertidumbre y gasto. En unos se protege rigurosamente los datos que el internauta suministra, muchas veces sin saberlo, en sus tratos digitales. En otros, como en China, se emplea la ley para exigir la delación empresarial y perseguir la disidencia.

Mientras no llegue este difícil reglamento universal, lo básico es que las empresas hagan públicos sus protocolos de privacidad y los cumplan. La recolección de datos y el empleo que se haga de los mismos ha de ser conocido por su titular, y el internauta tiene el derecho de poderlos gestionar a voluntad.