Pakistán o la tierra donde todo puede estallar

Una de la tarde del primer viernes de Ramadán. Alambre de espino, comandos especiales y cientos de policías han cerrado en un kilómetro a la redonda todos los accesos a la Mezquita Roja de Islamabad, situada en el corazón de la capital. "No puede pasar. La mezquita está cerrada y aquí no habrá rezo hoy. Alá quiera que se abra el próximo viernes", dice el policía a la periodista, visiblemente contrariado por la decisión del Gobierno.

Un día antes, un centenar de clérigos y estudiantes islámicos protestaron contra la presencia policial y de agentes secretos en la mezquita desde que fue asaltada por las fuerzas de seguridad, en julio pasado. En Lal Masyid se habían atrincherado 300 estudiantes del venerado integrista Abdur Rashid Gazi. El mulá y un centenar de jóvenes murieron en el enfrentamiento que hundió definitivamente la imagen ante su pueblo del general Pervez Musharraf y, al mismo tiempo, dio alas a los extremistas para desatar una ola de violencia que se ha cobrado ya la vida de unas 350 personas, la mayoría de ellas militares, en tres devastadores atentados suicidas. "Es la primera vez desde la guerra de 1971 [cuando Bangladesh se separó de Pakistán] que las fuerzas de seguridad son el objetivo de ataque de fuerzas contrarias al Estado", señala rotunda la analista Aisha Ahmed.

Al Qaeda cuenta con campos para entrenar terroristas en Pakistán, según EE UU

Obstinado en lograr su reelección como jefe de Estado, el general no percibe que, en lo que va de año, todo cuanto toca se convierte en arenas movedizas que amenazan no sólo con engullirle, sino con desestabilizar el único país musulmán dotado de armas nucleares. "Musharraf debe, de una vez por todas, dejar de interferir en el proceso político y dejar que fluya la transición. La gran amenaza de Pakistán es la talibanización de su frontera occidental que comienza a filtrarse por esa parte del país y no el que gane Nawaz Sharif o Benazir Bhutto", afirma el teniente general retirado Talat Masud.

La inestabilidad del país, unida a la del vecino Afganistán, juega a favor de los extremistas. Las denominadas Áreas Tribales de la Administración Federal (FATA), una estrecha franja que se extiende a lo largo de parte de los más de 1.200 kilómetros de la frontera oeste paquistaní, se han convertido en un auténtico reino de taifa, donde el secuestro, el narcotráfico y el tráfico de armas son las principales industrias.

Unidas por la lealtad de la tribu y apoyadas por el conocimiento de un terreno impracticable para un Ejército regular, las distintas guerrillas, armadas hasta los dientes, mantienen en jaque a los casi 200.000 miembros de las fuerzas de seguridad, desplegados en el oeste de Pakistán desde 2002. Su osadía permitió a un jefe tribal de Waziristán Sur secuestrar el pasado 30 de agosto a 300 militares. Ha soltado a una veintena "como gesto de buena voluntad", pero por los restantes exige la excarcelación de varios extremistas y la salida del Ejército de las FATA.

Los paquistaníes le llaman Bush-arraf por plegarse a las exigencias de la Administración del presidente de Estados Unidos en su guerra contra el terrorismo y utilizar el Ejército para bombardear por tierra y aire su propio país, lo que le ha desprestigiado enormemente. "El extremismo no se soluciona a bombazos, sino creando las condiciones necesarias de educación, sanidad y trabajo para que la población tenga esperanza en el futuro y en Pakistán los pobres son cada día más pobres", afirma la directora de una ONG internacional.

Según el régimen, desde el golpe de Estado de Musharraf, en 1999, la miseria ha disminuido del 34,1% al 23,9%; sin embargo, las ONG sostienen lo contrario y aseguran que el 74% de los 165 millones de paquistaníes vive con menos de 1,5 euros al día. Además, en estos ochos años "se ha deteriorado el nivel de vida de los asalariados que son casi los únicos que pagan impuestos", manifiesta Zia Qureshi, una periodista del semanario en inglés Pulse.

El crecimiento económico de estos años ha beneficiado sobre todo a los ricos, mientras que la inflación en los productos básicos -11,5% en agosto y del 7,5% en lo que va de año- ha debilitado aún más la capacidad de compra de la mayoría. En un país con el 80% de la población rural, la carestía de la vida está llevando a muchas familias campesinas a abandonar el control de natalidad para contar con más trabajadores que aporten algo de comer a la casa.

Más de la mitad de los paquistaníes tiene menos de 21 años y el 45% de la totalidad es analfabeta. En las zonas rurales, únicamente el 15% de las niñas están escolarizadas. "Unos 3,3 millones de menores de 14 años trabajan a jornada completa en Pakistán", denuncia Pulse.

Estas circunstancias son las que convierten a Pakistán en terreno de cultivo del integrismo, sobre todo porque en las FATA la situación está muy por debajo de la media nacional. "Sin una apuesta gubernamental por la sanidad y la educación, las madrasas o escuelas coránicas, en su mayoría dirigidas por integristas, ocupan el vacío de la Administración", opina el abogado Iftijar Gilani.

El alto coste en vidas -más de 1.000 soldados- en su lucha contra Al Qaeda y el deterioro de la imagen del Ejército llevaron a Musharraf el invierno pasado a firmar un acuerdo con los jefes tribales por el que éstos se comprometían a expulsar ellos mismos a los militantes extranjeros. Sin embargo, según el espionaje estadounidense, el pacto sólo ha servido para multiplicar el poder de Osama bin Laden y de los talibanes en las zonas tribales, en las que asegura que Al Qaeda cuenta ahora con "campos de entrenamiento de terroristas".

"Pese a la imagen internacional de Pakistán, los paquistaníes no son extremistas, sino defensores de la democratización de su país, por la que la mayoría de sus líderes han sufrido la cárcel", cuenta la canadiense Sheila Fruman, directora en Pakistán del estadounidense Instituto Democrático Nacional.

El origen de los actuales demonios paquistaníes procede de la inversión de EE UU en los muyahidin que luchaban contra la ocupación soviética de Afganistán durante la Administración de Ronald Reagan en los años ochenta. Las conexiones de los militares y la inteligencia paquistaní con los yihadistas, alentadas entonces por Washington, se utilizaron también en la lucha por la liberación de Cachemira multiplicando y reforzando, de este modo, los lazos hasta el conflictivo entramado actual.

"No son los talibanes quienes apoyan a Bush-arraf, sino Occidente, y nosotros pagamos el precio", indica un analista al comentar que "ya nadie está libre de saltar por los aires", en referencia al suicida que penetró el jueves pasado en el comedor del complejo militar de más alta seguridad de Pakistán. En el atentado dirigido contra el comando Karar del elitista Grupo de Servicios Especiales, supuestamente por su implicación en el asalto a la Mezquita Roja, murieron 15 oficiales y otros tantos resultaron heridos.

"Vuelvo a poner fin al extremismo de Pakistán", comentó el viernes en una entrevista telefónica con este periódico desde su exilio en Dubai la líder del Partido Popular de Pakistán (PPP), Benazir Bhutto tras anunciar que regresa el próximo 18 de octubre. "La gente que vota por mí no son los ricos ni los poderosos, sino los pobres, los sin hogar y los discriminados", destacó.

"Son sólo palabras", dice Yaved, empleado en una farmacia cuando escucha la grabación. "Los políticos paquistaníes son como Musharraf: sólo miran por sus intereses. No les importamos ni el país ni nosotros. A mí me gustaría vivir en Europa porque allí los gobernantes no son corruptos y se preocupan por el pueblo", añade.

Como otros muchos paquistaníes, Yaved opina que Bhutto vuelve sobre todo para recuperar los 1.500 millones de dólares (unos 1.100 millones de euros) de sus cuentas bancarias en divisas, congelados por el régimen militar cuando la acusó de corrupción, en 1999. La líder del PPP, que se autoexilió para escapar a los cargos de la Oficina de Contabilidad del Estado, negocia el apoyo de su partido a la reelección de Musharraf a cambio de que levante las acusaciones, descongele sus cuentas y cambie la ley para que los primeros ministros puedan tener un tercer mandato. Ella gobernó de 1988 a 1990 y de 1993 a 1996.

Bhutto no ha dudado en acusar a la gobernante Liga Musulmana de Pakistán-Q (PML-Q), de "apoyar a los talibanes y a Al Qaeda y permitir que los extremistas controlen las zonas tribales". La PML-Q, formada por Musharraf con los oportunistas de las dos grandes formaciones políticas paquistaníes -el PPP y la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N)-, se opone a cualquier concesión a Bhutto por temor a que su partido le arrebate el poder en las generales, previstas a finales de año.

Los enfrentamientos políticos, empezando por el empeño en perpetuarse de Musharraf, sólo han hecho que añadir leña al fuego paquistaní. El general, cada día más aislado, comete un error tras otro y "ya no confía ni en sus ministros", señala el periódico conservador The Nation.

La destitución el pasado mes de marzo del presidente del Tribunal Supremo, Iftijar Chaudri, por poner en duda la legitimidad de su reelección como jefe del Estado sin quitarse el uniforme, ha costado a Musharraf "un alto precio político", afirma el abogado y senador Aitzaz Asan, que defendió el caso de Chaudri y logró que los jueces le restituyeran en el cargo en el mes de julio. Según Asan, "Musharraf ha perdido toda su legitimidad y en unos meses estará fuera de juego, porque ni tan siquiera cuenta con respaldo militar para declarar la ley marcial".

El Tribunal Supremo tiene previsto abordar mañana la demanda por inconstitucionalidad presentada por uno de los partidos opositores contra la reelección del general. Pese a ello, el Gobierno indicó que la próxima semana Musharraf presentará su candidatura para las elecciones, que se han de celebrar antes del 15 de octubre, aunque la fecha no está fijada. En las presidenciales votan los diputados de la Asamblea Nacional y de las cuatro provinciales.

La decisión de Musharraf de deportar, nada más aterrizar el lunes pasado en Islamabad, a Nawaz Sharif, ex primer ministro, líder de la PML-N y su principal rival político, también puede costarle cara. El Supremo, que ya había sentenciado el derecho "inalienable" de Sharif a vivir en su país, estudiará la semana próxima la demanda presentada por sus abogados y todo apunta a que el general sufrirá una nueva derrota.

"La situación del país es patética", afirma el abogado Kashif Alí Malik, al comentar la citada deportación. Sharif aceptó en diciembre de 2000 exiliarse durante 10 años para escapar a la sentencia de cadena perpetua por corrupción y traición. Ahora, la Oficina de Contabilidad le reclama 31,5 millones de dólares por "fraude, lavado de dinero y apropiación indebida", pero debería habérsele permitido un juicio en casa.