El orden público de Solbes

La necesidad que tienen los nuevos ministros (nombrados hace pocos meses) de ganar peso político y popularidad, unido a un cierto desconocimiento de los mecanismos de funcionamiento interno del Gabinete, puede estar en el origen de la sensación de descoordinación que ha dado el Gobierno en los últimos días. Las reiteradas declaraciones, claramente contradictorias, entre el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, y otros miembros del Gobierno preocupan a los dirigentes del Partido Socialista, que se consideran ya en plena etapa electoral y requieren que todo se desarrolle con mayor disciplina.

Solbes, por su parte, parece decidido a imponerla directamente y por su cuenta, sin esperar a su partido. "Y eso que todo el mundo piensa que no aspira a seguir como ministro en una eventual segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero", comenta un diputado próximo al vicepresidente. "Es cuestión de carácter. Solbes no soporta la idea de comportarse como alguien que pasa, y actuará como ministro de Economía y Hacienda hasta el último minuto", insiste uno de sus asesores.

El ministro de Economía se molestó especialmente por el anuncio de la universalización de la atención bucodental para menores de 15 años porque el ministro de Sanidad, Bernat Soria, se lo había comentado expresamente y él le había advertido de que sería necesario un estudio previo para establecer su repercusión presupuestaria. Su sorpresa fue grande cuando vio la noticia en Internet.

En otras circunstancias, el ministro de Economía y Hacienda quizá hubiera reaccionado de otra manera, puertas para dentro. Pero Solbes se debe temer que si no pone coto público rápidamente se puedan producir más incidentes similares. Una cosa es callarse ante el anuncio que hizo el presidente del Gobierno de primar con 2.500 euros cada nuevo nacimiento, algo con lo que no está en absoluto de acuerdo, pero que responde a una iniciativa del propio presidente del Gobierno, y otra, que varios ministros empiecen a imitar a Rodríguez Zapatero. La mejor forma para poner freno a esa deriva, debe de pensar Pedro Solbes, es llamar la atención públicamente a los imprudentes.

"Solbes no está enfadado. Más bien empieza a pasárselo bien", comenta un diputado cercano al vicepresidente, conocedor de su socarrón sentido del humor. "Su obligación es avisar a Rodríguez Zapatero de por dónde pueden empezar a llegar los problemas, y eso es, exactamente, lo que está haciendo. En privado y en público". "Es injusto decir que Solbes no quiere que se gaste el superávit en medidas sociales. Lo que le preocupa no es que se gaste, sino que se conviertan en derechos reconocidos por ley, que habrá que seguir financiando cuando no exista ese superávit, sino que estemos manejando déficit", explica.

El vicepresidente considera que ya tiene bastante trabajo con la negociación y ajuste de los Presupuestos, algo especialmente difícil cuando todos los partidos actúan como si estuvieran ya en mitad de una campaña electoral, para tener que guardarse las espaldas de sus propios compañeros.

Ley del cupo

Para colmo, el vicepresidente y su equipo acaban de finalizar la siempre agotadora y poco agradecida negociación del llamado "cupo vasco". La Ley Quinquenal del Concierto Económico Vasco, y sus textos anejos, entró la semana pasada en el Congreso de los Diputados, a tiempo para ser aprobada antes de fin de año.

Como es sabido, el Concierto Económico permite que los vascos no paguen impuestos a la Hacienda española, sino a las diputaciones vascas. Con ese dinero financian directamente los gastos de la Administración autonómica y de todos los servicios que son competencias asumidas en el estatuto de autonomía.

Cada cinco años, sin embargo, hay que recalcular el dinero que ingresarán en la caja del Estado para contribuir no a la solidaridad interna de España, sino al pago de las competencias no asumidas por la Administración vasca, como defensa, diplomacia, policía (incluida la Ertzaintza, pagada enteramente por el Estado), ferrocarriles, puertos, etcétera. La cifra suele girar en torno al 6,24% del gasto total del Estado en esos apartados concretos (una proporción equivalente a lo que supone la economía vasca dentro del conjunto de la economía española). En la práctica es una negociación de enorme regateo porque sobre esa cantidad teórica se restan otras partidas. En esta ocasión, por ejemplo, y según datos ofrecidos por el presidente del Gobierno en el Senado, sobre los "descuentos" ya habituales (por ejemplo, el IVA ya pagado sobre productos no elaborados en Euskadi) ha habido que añadir nuevas deducciones, entre otras una de 25 millones de euros destinados a la aplicación en Euskadi de la nueva Ley de Dependencia.