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Un sindicato agrario denuncia 30 casos de 'mobbing' rural

Se habla mucho de asedio laboral e inmobiliario, de hacer la vida imposible a un trabajador o a un vecino para que acabe abandonando su trabajo o su vivienda. Parece un fenómeno urbano, de ciudades aceleradas y fiebre constructora, pero el mobbing también tiene una cara rural. Es lo que denuncia el sindicato de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), que esta semana ha hecho públicos una treintena de casos de payeses de Girona que sufren presiones para cerrar sus granjas. Muchas veces son las trabas administrativas o ambientales las que conducen al cierre, pero también influye la actitud de los vecinos, cada vez más opuestos a tener una explotación ganadera al lado de su casa, aunque ésta se haya construido con posterioridad a la granja.

Uno de estos casos sería el de un granjero de Campdevànol (Ripollès), que tiene una explotación de 300 cerdos y un centenar de cerdas reproductoras, al que le han dado un plazo de un año para que abandone su actividad. Según JARC, el propietario se ha encontrado con centenares de carteles por todo el pueblo que le culpan de "malos olores". "Si decides irte al campo no puedes quejarte luego de los olores de purines y abonos. Es como estar en la ciudad y protestar por el ruido de los coches", afirmó el presidente de JARC en Girona, Pere Rubirola. "Si esto no es mobbing...", añadió Jack Massachs, veterinario del sindicato. Además de Campdevànol, hay otras poblaciones como Rabós d'Empordà, Ultramort, Riudellots de la Selva, Cornellà del Terri, Les Preses y Sant Esteve de Guialbes donde los campesinos reciben presiones.

Turismo rural

Toda la demarcación cuenta con casos de acoso, pero la palma se la lleva la comarca del Baix Empordà, una de las preferidas para la construcción de segundas residencias y turismo rural. Es precisamente la "voracidad" de las urbanizaciones la que daña el sector. "Un payés que lleva toda la vida en las afueras del pueblo ahora molesta por estar cerca de las casas, cuando son las urbanizaciones las que le han rodeado; la granja no se mueve", clamó Rubirola. "Hay trabas para las granjas, pero las administraciones dan facilidades a la hora de construir chalets", aseguró Massachs. El sindicato también considera que hay "poca planificación" a la hora de plantear infraestructuras como el AVE, que a menudo pasan por zonas rurales habitadas y obligan al cese de actividades agrarias.

Rubirola también lamenta que no haya una normativa "concreta" para indemnizar económicamente a los payeses que se ven obligados a dejar la actividad. "Si se quiere cerrar una granja porque ha quedado en medio del pueblo, que le paguen en lugar de hacerle la vida imposible. Igual que se hace con cualquier otra industria", añadió.

Para "concienciar" sobre la situación, el sindicato organizó el viernes una jornada reivindicativa en Ultramort (Baix Empordà). Acusaron al Ayuntamiento de proyectar una nueva urbanización a sólo 80 metros de una granja existente.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 16 de septiembre de 2007