Propietarios abrumados por las cargas urbanísticas

¿Qué pasará con las viviendas ilegales de Marbella si los promotores que las construyeron no dan la cara ante el Ayuntamiento? ¿Tendrán que pagar los dueños para regularizarlas? La pregunta surgió esta semana en la mesa de participación ciudadana del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella (PGOU). La respuesta agitó conciencias.

El director de la oficina de Planeamiento de la Junta en Marbella, José María Ruiz Povedano, aconsejó a las comunidades de vecinos que se agruparan en plataformas de afectados para reclamar a los promotores que asuman su responsabilidad.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, (PP), no tardó en replicar diciendo que la ciudad no necesita pleitos, sino soluciones. "El Ayuntamiento no obligará a compensar a los compradores de buena fe", anunció Muñoz. La Ley de Ordenación Urbanística Andaluza (LOUA) desmonta el deseo de la regidora. Para regularizar hay que compensar.

Algunos empresarios no han aceptado el trato de ceder suelo para legalizar 18.000 casas

Todavía no se sabe con certeza qué constructores de las 18.000 viviendas irregulares de Marbella no están dispuestos a asumir las cargas que les corresponden. Cada una de las promociones ilegales tiene una ficha asignada en el PGOU con el resultado de la negociación con el promotor y la aportación que le corresponde.

Sin embargo, algunos empresarios, como el granadino José Ávila Rojas -imputado en el caso Malaya y con un rosario de promociones levantadas en la ciudad- no ha aceptado las propuestas. "Hay un buen número de empresarios que aceptan el trato y están dispuestos a aportar los terrenos, con otros no se ha podido hablar", explica Povedano.

Su consejo de constituir plataformas de afectados es sólo una forma de evitar males mayores en caso de que las empresas que levantaron las promociones se disuelvan y los dueños de las viviendas no encuentren a quien reclamar. "Al comprar la vivienda, el propietario ya ha pagado esas cargas por eso tiene que dirigirse al promotor y reclamarle a él que las asuma", precisa.

El responsable del equipo redactor al que la Junta de Andalucía le encargó el nuevo del PGOU, el arquitecto Manuel González Fustegueras, precisa que la carga urbanística que tenía que haber asumido el promotor recae sobre el suelo, y si el empresario no está, la tienen que asumir los compradores.

A partir de la aprobación del PGOU, los constructores tienen dos años para aportar terrenos o dinero que hagan realidad las zonas verdes o equipamientos que la ciudad tanto necesita. El documento estima que con este sistema se conseguirán 1,8 millones de metros cuadrados de estas zonas. Una vez que pase este tiempo, el Ayuntamiento tiene la potestad de reclamar la compensación "por vía ejecutiva".

La alcaldesa de Marbella ha anunciado que presentará una alegación al PGOU para que se impida que los propietarios carguen con las compensaciones en caso de que las promotoras no asuman su responsabilidad. "No puede pedirse a los afectados que inicien ahora un calvario judicial, pues cuando compraron sus viviendas nadie les advirtió de lo que estaba ocurriendo", mantiene Muñoz.

Ante la posibilidad de una amnistía parcial, el concejal socialista Javier de Luis y ex asesor de urbanismo del Ayuntamiento, es tajante: "La propia ley dice que un plan general que pretenda la legalización de actuaciones ilegales no puede salir adelante. La única vía que hay es la de la regularización. Si no se compensa es ilegal e imposible porque la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía es muy explícita al respecto". Mientras tanto, los propietarios afectados acuden a consultar la situación de su parcela en el documento y tramitan sus alegaciones.

Plazo prorrogado

Por petición de los vecinos, Urbanismo ha prolongado el plazo hasta el próximo 15 de octubre. Salvador Lomeña, presidente de la comunidad de propietarios de tres bloques del edificio El Mirador de Nueva Andalucía, es uno de ellos.

No oculta su desconcierto mientras explica que el Plan General de Ordenación Urbana les pide que compren una parcela de 36.000 metros cuadrados para compensar que su bloque ocupa una zona de equipamiento. "Que vayan en busca del promotor porque nosotros no vamos a pagar nada", asegura indignado. Según Lomeña, la empresa que les vendió los pisos a unas 450 familias de Marbella fue Cioter S.L., con sede en Sevilla.

"Ahora mismo nadie sabe a ciencia cierta, si el empresario responderá o no", comenta. Por el momento, el administrador ha recomendado a los vecinos que presenten alegaciones al plan general por separado.

En mes y medio, el documento ha recibido una media de 100 consultas diarias, pero sólo se han inscrito medio centenar de alegaciones. Esperan avalancha en los últimos días.