Los vecinos de Barcelona amenazan con no firmar el Pacto de la Vivienda

Salvado el escollo de los promotores y con los cocineros de CiU trabajando para lograr un redactado que les permita sumarse al Pacto por la Vivienda, los quebraderos de cabeza parecen no tener final para el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda en la búsqueda de consenso. Ayer, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona amenazó con no firmar el pacto por las rebajas introducidas en la ley que se está tramitando.

"La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) ve con preocupación las rebajas que se están introduciendo en el Pacto Nacional por la Vivienda y que, indirectamente, inciden en el proyecto de Ley del Derecho a la Vivienda en discusión en el Parlamento de Cataluña", manifestó ayer la federación vecinal en un comunicado en el que, tras analizar algunas de las modificaciones introducidas en ambos textos, concluye: "Todo esto nos lleva a cuestionar seriamente la firma del plan".

El comunicado de la FAVB llegó justo una semana después de que los promotores y el consejero Francesc Baltasar anunciaran -con foto incluida- que habían llegado a un acuerdo que significa la adhesión al plan. Y son justo los principales puntos que llevaron a ese acuerdo los que ahora cuestionan las asociaciones vecinales. Se trata de la posibilidad de que los promotores adjudiquen el 30% de las viviendas protegidas que construyan; el aumento de la superficie de los edificios en suelo urbano en los que deberán levantar pisos sociales -ha saltado de más de 2.000 metros cuadrados a más de 5.000-; así como la obligatoriedad de los municipios de tener un 15% de su parque residencial en viviendas sociales, que queda fijado en la barrera de 5.000 habitantes, cuando en redactados anteriores era de 3.000.

"Herramienta interesante"

"Hasta ahora veíamos con buenos ojos el Pacto Nacional por la Vivienda como una herramienta muy interesante. Mantuvimos reuniones con la secretaria de Vivienda, Carme Trilla, y realizamos alegaciones a la primera versión del texto en el sentido, por ejemplo, de que aparecieran las asociaciones de vecinos y el asedio inmobiliario, pero ahora vemos que el texto retrocede y nos preocupa mucho", afirmó ayer el vocal de la FAVB, Manel Andreu.

De fondo, otras dos cuestiones que han molestado a la federación de asociaciones vecinales son, a su juicio, el "menosprecio" con el que han sido tratados como agentes "implicados en la firma" -frente a otros interlocutores como los promotores- y el hecho de "condicionar el pacto a modificar el proyecto de ley". Esta discusión paralela "implica poco respeto al debate parlamentario", afirmó Andreu.

El miembro de la FAVB también reiteró la amenaza de no sumarse al pacto y apuntó que la postura definitiva de las entidades vecinales se decidirá el próximo lunes, cuando está previsto que la junta se reúna.

Mientras tanto y desde el pasado viernes, los negociadores de Convergència y Unió todavía no se han vuelto a reunir con los responsables del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda para acercar posturas en el principal punto de desacuerdo que mantienen: el alquiler forzoso de viviendas vacías. El partido de la oposición trabaja con redactados alternativos que permitan lograr consenso, explicaron fuentes próximas a la negociación.