La comisión de expertos rechaza la castración química de los violadores

La comisión de 14 expertos creada por la Generalitat de Cataluña y la fiscalía para afrontar la reincidencia de violadores tras cumplir condena rechazó ayer de manera tajante la castración química como medida aplicable.

"Es un error científico, porque ni es castración ni es química, además de ser una desafortunada expresión", aseguró el presidente de la comisión, José María Mena, ex fiscal jefe de Cataluña, en alusión a la propuesta lanzada hace unas semanas por el presidente francés, Nicolas Sarkozy,

Con esa denominación se define la administración de hormonas para provocar la inhibición de la líbido y del impulso sexual. Sin embargo, Mena explicó que "la intervención corporal como pena es rigurosamente inaceptable en el sistema español" por ser incompatible con la Constitución. Y es que el artículo 15 garantiza la integridad física y moral de los ciudadanos.

El tratamiento hormonal, dijo Mena es un elemento más de la terapia voluntaria a la que se puede someter el violador, pero precisó que "tiene contraindicaciones, no sólo sanitarias, sino incluso jurídico-penales".

La comisión, que agrupa a profesionales de reconocido prestigio de diferentes ámbitos profesionales, se reunió ayer por primera vez y concluirá sus trabajos dentro de seis meses con la redacción de unas propuestas de actuación en el ámbito policial, judicial y penitenciario para casos como el de José Rodríguez Salvador, el violador del Vall d'Hebron, que saldrá de prisión el próximo día 22 sin estar rehabilitado. La Audiencia de Barcelona ha rechazado la petición del fiscal de aplicarle la doctrina Parot para delitos de terrorismo y que cumpliera 30 años de cárcel.

Escasean los estudios sobre la posibilidad de evitar la reincidencia de los violadores, aunque algún trabajo concluye que el 18% de los presos que no se sometieron a tratamiento psicoterapéutico volvieron a violar antes de cuatro años, mientras que entre los sí lo siguieron fue del 4%

En este debate multidisciplinar Mena reflexionó acerca de que la cuestión básica es plantearse si la sociedad está dispuesta a asumir el riesgo que entraña que un violador "ande suelto" al salir de prisión, igual que acepta el peligro que comportan cientos de conductores al volante y las 3.000 muertes anuales que se producen en la carretera.