El Ayuntamiento de Lleida pagó casi el doble de lo previsto por varias obras

Un informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la Empresa Municipal de Servicios Comunitarios (EMSC) del Ayuntamiento de Lleida entre 1999 y 2003, presidido entonces por el socialista Antoni Siurana, detecta "deficiencias graves" en la gestión contable efectuada por la sociedad en dicho periodo. La empresa municipal fue creada en 1991 con el objetivo de realizar actividades tan diversas como la ejecución de obras menores, transportes y montajes de escenarios para espectáculos y fiestas. También gestionó la emisora de radio municipal hasta su cierre.

La empresa municipal retribuyó a dos de las empresas proveedoras por encima del precio fijado en el contrato. En este sentido, el síndico Alexandre Pedrós, autor del informe, indica que el precio total firmado con una de esas empresas, Climatització Ceba, fue de 644.277 euros, mientras que el importe total facturado y pagado fue de 1,15 millones de euros. Asimismo, en el contrato firmado con Construcciones y Estructuras Metálicas SA el precio fijado fue de 960.246 euros y el importe abonado por la empresa fue de 1,14 millones de euros.

Después de una polémica gestión y de ser objeto de acusaciones de supuestas irregularidades y anomalías en la facturación por parte de los grupos de la oposición, la sociedad fue disuelta en septiembre de 2004 con unas pérdidas de 900.000 euros. La Sindicatura considera que la disolución y liquidación de la empresa fue una decisión "adecuada, pero tardía". En el año 2000, después de examinar alrededor de 6.000 facturas del ejercicio anterior, el entonces concejal republicano Xavier Sáez acusó a Siurana de favorecer a entidades, colectivos y personas del entorno socialista.

El informe de la Sindicatura tiene su origen en una resolución del Parlamento catalán aprobada a propuesta del grupo parlamentario de CiU, que instaba a fiscalizar las cuentas de la EMSC después de que una auditoría pusiera de manifiesto grandes dificultades para verificar determinadas operaciones financieras de la empresa. Un informe de la síndica de greuges municipal, Teresa Areces, también advirtió mala gestión. El caso llegó a la Fiscalía de Lleida, que en marzo de 2005 archivó las diligencias al no encontrar delito en los hechos denunciados.

Desviaciones presupuestarias

El informe considera que las deficiencias detectadas impiden a la Sindicatura "hacer un pronunciamiento favorable sobre lo razonable de la información contable" y añade que la presentación de las cuentas "no se adecua en todos los aspectos al plan general de contabilidad vigente, lo cual ha suscitado la comisión de errores sobre los saldos contables".

Entre las irregularidades, destaca la contratación del Pabellón deportivo de Barris Nord, con un coste total de más de 7,5 millones de euros. La ejecución de la obra no fue adjudicada a un contratista, sino que se contrató de manera fraccionada y sin respetar los principios de publicidad y concurrencia que establece la normativa.