Excluir a la inmigración de la financiación cuesta 1.000 millones anuales a Cataluña

El Gobierno central descartó ayer abrir el melón de la financiación autonómica en la actual legislatura, ante la dificultad de medir el impacto de la inmigración en la población de las comunidaes, uno de los puntos a tener en cuenta en la reforma del sistema, afirmó ayer el vicepresidente segundo, Pedro Solbes. El consejero catalán de Economía, Antoni Castells, mostró su "profundo desacuerdo" con la postura del ministro porque "perjudica" a los intereses de Cataluña", la comunidad con más población extranjera. Excluir este efecto de la financiación cuesta 1.000 millones de euros anuales.

El anuncio de Solbes se produjo tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la que se debatió, entre otros puntos, el informe del grupo de trabajo sobre población para medir, precisamente, el impacto de la inmigración sobre los ingresos y sobre las necesidades de gasto de las comunidades autónomas.

Este grupo de expertos se creó a instancias de la tercera Conferencia de Presidentes del pasado 11 de enero, el cónclave impulsado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

La conclusión del informe elaborado por el grupo de trabajo viene a decir que dadas las dificultades técnicas para consensuar aspectos metodológicos sobre tal impacto, no es posible trasladar ninguna propuesta al consejo. Solución de Solbes: dejarlo para más adelante, cuando la próxima legislatura -habrá elecciones en marzo- haya echado a andar, y cuando haya más consenso.

El ministro se comprometió en junio a presentar en otoño su propuesta para reformar la financiación autonómica, que reflejaría mejor los cambios en la población.

La postura de ayer del vicepresidente segundo del Gobierno suscitó las iras de Castells, que incluso llegó a cuestionar el trabajo del CPFF. "Que el Consejo haya sido incapaz de proponer alguna medida, nos tiene que llevar a pensar si está cumpliendo con su función", aireó el consejero.

Insolidaridad

Castells, que recordó el incumplimiento del mandato de la Conferencia de Presidentes, "que no se acordó por casualidad", argumentó que no se puede esgrimir la falta de consenso para no tomar ninguna medida. "En lo que seguro que hay consenso es en que no se pueden dejar las cosas como están", añadió.

Salir de la reunión del consejo -órgano en el que el Ministerio de Economía se reúne con los responsables de Finanzas de las 17 comunidades autónomas- sin ninguna propuesta "perjudica a los intereses de Cataluña". Es la región con más población extranjera -más de 913.000 habitantes en 2006, el 22% sobre el conjunto de España, según el INE- y una donde ésta ha crecido más desde 1999 -el año que se utiliza como base en el sistema de financiación vigente-, casi el 10,5%.

Fuentes del Departamento de Economía calculan que la exclusión del impacto migratorio en la población, una de las variables que se utilizan para determinar las necesidades de gasto de las comunidades, tiene un coste de 1.000 millones de euros en las cuentas públicas catalanas.

A la salida del consejo, un Castells visiblemente enfadado declaró: "Actitudes como esta no ayudan a la solidaridad porque ésta no debe funcionar en una sola dirección".

Cataluña no es la única que se siente maltratada. Las comunidades gobernadas por el PP también reclamaron a Solbes que tenga en cuenta el impacto de la población extranjera. Obviarlo "supone cerrar los ojos a las mayores necesidades de gasto social", defendió el consejero valenciano, Gerardo Camps.

Más ambiguo se manifestó el consejero andaluz, el socialista José Antonio Griñán. El ex ministro respaldó la conclusión del informe del grupo de trabajo de que no se puede medir tal impacto, pero respaldó la exigencia catalana de que el modelo se ajuste a los cambios en el peso de la población de cada comunidad, informa Alejandro Bolaños.