La batalla del Constitucional se libra en el Senado

Casi tantos como cartas en una baraja serán los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional que, por vez primera, propongan las comunidades autónomas. El Senado afronta el último periodo de sesiones de la legislatura con una prioridad inmediata: adaptarse a la nueva forma de elegir a los cuatro magistrados del Alto Tribunal que le corresponden según la Constitución.

La novedad es que, en esta ocasión, la Cámara territorial hará honor a su nombre en este cometido, ya que en vez de nombrar a cuatro juristas directamente, deberá escoger entre los candidatos que le presenten los parlamentos de las comunidades autónomas.

Por primera vez, las autonomías podrán proponer candidatos, hasta 34, para que el Senado escoja cuatro entre ellos

Si no se renueva el tribunal, los conservadores mantendrán la mayoría en el recurso del Estatuto catalán

El PP se opone a la reforma del reglamento de la Cámara imprescindible para elegir cuatro nuevos magistrados

Según la primera propuesta del PSOE, hasta 34 nombres pueden llegar a estar sobre la mesa, dos por cada comunidad. La primera dificultad es que la manera en que se va a realizar la elección aún no está regulada. Y además, el PP, cuya participación es imprescindible para elegir a los nuevos magistrados, se opone a que se haga.

En mayo pasado las Cortes aprobaron la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). El PP se opuso a lo calificó de "cacicada legislativa", ya que esta ley prorroga obligatoriamente el mandato de la presidenta del tribunal, María Emilia Casas, de tendencia progresista, hasta diciembre. Lo que mantiene el empate entre progresistas y conservadores en el tribunal.

En esta ley se establecía también, por primera vez, la participación de las comunidades autónomas en la elección de magistrados del TC (artículo 16.1). En vez de elegir el Senado directamente a los cuatro que le corresponden, los elegirá entre los candidatos propuestos por los parlamentos autónomos.

El PP ha recurrido por inconstitucional este punto de la LOTC porque, en su opinión, "pervierte de raíz el modelo constitucional y abre perspectivas insólitas para la progresiva sustitución de los poderes del Estado por las instituciones autonómicas", literalmente. Como dato curioso, Manuel Fraga, presidente fundador del PP, defendió en 2002 la participación autonómica en el TC, precisamente con esta fórmula.

La clave es que, en la anterior ocasión en que el Senado nombró a sus cuatro magistrados, la mayoría absoluta del PP hizo que fueran tres a propuesta de los populares y sólo un progresista.

Pero la composición del Senado ha cambiado, y en la renovación que toca ahora se nombrarían dos de cada tendencia. Es decir, que a partir de diciembre los progresistas serían mayoría en el Constitucional, por siete a cinco.

Esta ventaja se mantendría incluso (seis a cinco) en el recurso del PP contra el Estatuto catalán, en el que no puede participar el progresista Pablo Pérez Tremps, por haber sido recusado.

Los nuevos nombramientos se harán "en los términos que determine el Reglamento de la Cámara", según la LOTC. Pero el actual reglamento de la cámara no determina nada, por lo que hay que reformarlo para renovar el Constitucional. Sin embargo, por la misma razón que el PP recurrió por inconstitucional este artículo de la LOTC, su grupo parlamentario en el Senado se opone a negociar la reforma del Reglamento que desarrolle la ley, según indican fuentes parlamentarias de este partido.

Dichas fuentes sostienen que esta oposición no tiene por qué bloquear el proceso, ya es previsible que el TC dé absoluta prioridad a un recurso que afecta a su propio funcionamiento interno. Por tanto, si el fallo se produce este mismo mes y es contrario al PP, habría tiempo para culminar el proceso antes del 19 de diciembre, cuando cesan los cuatro magistrados elegidos en 1998. Pero calcular plazos para una sentencia del TC es jugar a la ruleta, como demuestra el recurso contra el Estatuto de Cataluña.

En cualquier caso la ley está vigente y el Tribunal Constitucional ya ha comunicado al Senado, con cuatro meses de antelación, que debe poner en marcha la renovación de los cuatro magistrados. En consecuencia, la Mesa del Senado (el órgano de gobierno de la Cámara), ha comunicado a los grupos parlamentarios que debe hacerse la reforma del Reglamento prevista en la ley para cumplir esta obligación.

Reformar el reglamento "es un mandato legal", recuerda el portavoz del PSOE, Joan Lerma. "El PP no tiene motivos para oponerse. Todos los grupos tienen la obligación legal de hacer esta reforma. Unas veces toca estar en minoría y otras en mayoría, pero no puede ser que porque no estés de acuerdo con una ley bloquees el funcionamiento de las instituciones. No tiene sentido", agrega.

"Si el PP no está de acuerdo, no procede hacer la reforma", opina el portavoz de CiU en el Senado, Pere Macías. "La tradición es que el Reglamento se hace con el acuerdo de todos". Si el PSOE decidiera seguir adelante, "nos extrañaría, porque sienta un precedente".

Escuchando a Lerma, hay que contar con el escenario de que el PSOE decida seguir adelante y el Reglamento se reforme sin contar con el PP. Si hay acuerdo entre los grupos, la Comisión de Nombramientos no tendría problemas para elegir a cuatro candidatos, ya que el único voto en contra sería el de Pío García-Escudero por el PP. Sin embargo, esos nombramientos deben ser ratificados por el pleno por una mayoría de tres quintos; es decir, 155 senadores. Es imposible alcanzar esa cifra si no se ponen de acuerdo PP y PSOE.

Se abre entonces la posibilidad de un último escenario, dramático. Aunque el coste político es insospechado, PP podría votar en contra de los nombramientos en el Pleno del Senado. En tal caso, se prorrogaría el mandato de los cuatro magistrados cesantes en diciembre. Claro que, de esta forma, también se prorrogaría la actual mayoría conservadora en la deliberación del Estatuto catalán.