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El Gobierno lanza una ofensiva para desarticular la cúpula política de ETA

El Ejecutivo cuenta con que la banda trata de dañarle ante las elecciones de 2008

El Gobierno y ETA mantienen un enfrentamiento total cuando se cumplen tres meses de la ruptura de la tregua. En esta ofensiva, las Fuerzas de Seguridad intentan desarticular la cúpula política de ETA, que participó en el fallido proceso de diálogo. Los 26 etarras detenidos en estos meses pertenecen al aparato militar, que ha urdido la reciente campaña de atentados, cinco de ellos fallidos. El Ejecutivo cree que ETA, con ataques en los que ha intentado asesinar, como el realizado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Durango (Vizcaya), quiere hacerle pagar un alto precio por el fracaso del proceso.

A juicio del Gobierno, ETA pretende desestabilizarle ante las elecciones de marzo, lo que desmiente la tesis manejada por algunos dirigentes del PP, como Jaime Mayor Oreja, de que el Ejecutivo y la banda han abierto un paréntesis para retomar el fallido diálogo, tras la cita electoral.

El Gabinete se prepara para un ciclo largo del terrorismo etarra, aunque carece de constancia escrita por parte de la banda. Desde el comunicado de ruptura de la tregua, el 6 de junio, ETA no ha publicado texto alguno que permita conocer su estrategia. "Da la impresión de que carece de proyecto alguno", señalan fuentes gubernamentales.

El Gobierno está respondiendo al reto etarra de modo "implacable", en expresión del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Esa decisión se traduce en que no sólo va a atacar el aparato militar de ETA, sino también a la cúpula política, que participó en el proceso de diálogo, y a sus organizaciones afines, aseguran fuentes gubernamentales.

El Gobierno está dispuesto a actuar contra Acción Nacionalista Vasca (ANV) si reúne los indicios suficientes que exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y que permitan probar su vinculación con Batasuna. Además, en su actuación contra el entorno de ETA tendrá en cuenta una clave política, según un destacado miembro del Ejecutivo: "A ETA no se le gana en el barrio de Salamanca de Madrid sino en el País Vasco".

El Gobierno, en la iniciación del proceso de ilegalización de ANV, quiere ir de la mano del principal partido vasco, el PNV, cuyo líder, Josu Jon Imaz, ha dado muestras inequívocas de firmeza contra ETA. El PNV no contempla, por ahora, la conveniencia de abrir el proceso de ilegalización, como recordó ayer uno de sus lideres, Iñigo Urkullu.

Gobierno y PNV coinciden en que ANV es un magma, en cuyo seno hay sectores que rechazan el regreso de ETA al terrorismo, y confían en que estas contradicciones se manifiesten en la medida en que la banda actúe. Es posible que si ANV mantiene su silencio ante un atentado de ETA con víctimas, el Gobierno active su ilegalización. Así lo hizo José María Aznar con Batasuna en el verano de 2002, cuando la banda asesinó a dos personas en Santa Pola (Alicante).

Colaboración con el PNV

El Ejecutivo quiere mantener uno de los principales activos que ha logrado durante el proceso de final dialogado del terrorismo y en su ruptura: la colaboración del PNV, liderado por Imaz. Esa colaboración la considera clave para afrontar el final del terrorismo.

Asimismo, las Fuerzas de Seguridad del Estado no han bajado la guardia frente a ETA durante la tregua, lo que les ha permitido la detención de 26 etarras y neutralizar cinco intentos de atentados de la banda terrorista.

En el terreno político, la opinión pública vasca y española no dudan de que ha sido ETA la responsable de la ruptura de la tregua. El Gobierno, al aguantar la presión del PP para que rompiera el proceso cuando ETA robó armas en el sur de Francia, en octubre de 2006, se cargó de razones ante sectores de la opinión pública vasca nacionalista para hacer a ETA responsable cuando la banda puso la bomba en la T-4 de Barajas y 5 meses después rompió el proceso. A ello contribuyó, también, la firme posición de Imaz frente a ETA.

La consecuencia para ETA es que ha quedado más aislada de lo que estaba en Euskadi y en el plano internacional. Una de las escasas organizaciones, como es el Sinn Fein, que mantenía relación con Batasuna y ETA e intentó salvar el proceso de diálogo in extremis, se ha desengañado con la actitud de los etarras.

El desconcierto es la nota dominante entre los etarras presos, con críticas, en numerosos casos, a la gestión que su dirección política ha hecho del proceso. Esta situación contrasta con el respaldo que la dirección de ETA ha encontrado entre ellos tras las rupturas de treguas anteriores.

También en Batasuna se aprecia desconcierto e, incluso, desolación. Una muestra es la disminución de su apoyo en la calle, como mostró la manifestación que realizó durante las fiestas de Bilbao y a la que no acudieron más de 1.000 personas.

Esta suma de factores permite concluir al Gobierno que ETA sale cada vez más debilitada en cada tregua. Y de ésta peor que de la anterior, la de 1998, cuando gobernaba José María Aznar. Pero este panorama tiene una sombra en Euskadi: la propuesta del lehendakari, Juan José Ibarretxe, de convocar una consulta popular. El rechazo al que se vería obligado el Estado le daría una bandera a ETA en sus horas más bajas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 9 de septiembre de 2007