Casa andaluza

Se comprende la reacción del vicepresidente Solbes cuando le preguntaron por la ley del derecho a la vivienda que prepara la Junta de Andalucía. El proyecto se propone garantizar a todos los residentes en esa comunidad el derecho a disponer de una casa en propiedad cuya financiación no suponga más de un tercio de los ingresos familiares, siempre que éstos no superen los 3.100 euros mensuales. También garantiza, pensando sobre todo en los jóvenes, el acceso a una vivienda en alquiler por una cantidad no superior al 25% de los ingresos mensuales de las personas que ganen menos de 500 euros al mes.

El vicepresidente respondió como suelen hacerlo los ministros de Economía y Hacienda cada vez que alguien tiene una idea que supone un incremento del gasto: preguntando si los que lo proponen tienen hechas las cuentas sobre cómo financiarlo. El presidente andaluz, Manuel Chaves, dijo que sus cuentas cuadraban: había dinero para pagarlo. Su argumento fue que era lógico destinar los excedentes de las cuentas públicas a resolver problemas crónicos, como el de la vivienda. La desconfianza de Solbes tiene fundamento: el gasto de las administraciones autonómicas absorbe ya el 36% del gasto total y viene creciendo muy por encima del aumento del PIB nominal. Informes recientes hablan de una deuda oculta de esas administraciones a través de empresas públicas creadas para gestionar determinados programas, y cuyo endeudamiento no se computa en el de los entes territoriales..

Resulta confuso justificar el proyecto de la junta como mera aplicación de un mandato constitucional. El derecho a la vivienda figura en la Constitución entre los "principios rectores" de la política social: es una aspiración que debe inspirar la legislación sobre esa cuestión, no un derecho directamente invocable ante los tribunales. También es dudosa la viabilidad práctica del proyecto. Aparte de la picaresca a que dé lugar el intento de entrar en los límites salariales necesarios para ser beneficiario, la medida supondría, según cálculos preliminares, triplicar el número de viviendas protegidas que se construyen cada año. Y hacerlo implicaría canalizar hacia esa actividad recursos ingentes que forzosamente habría que detraer de otros compromisos públicos, que siguen sin cumplirse.

Es un síntoma de los tiempos que en vísperas electorales se dé más importancia a lo que se promete que al aval de lo que se ha conseguido. Un punto de conexión entre ambas cosas debería ser la exigencia de memoria económica (cómo va a ser financiado) de todo proyecto que se presente, y darlo por no presentado si carece de ese requisito.